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Exprofesor universitario destituido e inhabilitado por 17 años tras acusaciones de acoso sexual

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Resumen

Carlos Antonio Julio Arrieta, exprofesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación de Colombia por acosar sexualmente a varias estudiantes entre 2016 y 2019. Fue inhabilitado para ser funcionario público durante 17 años.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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La Procuraduría General de la Nación impuso graves sanciones contra Carlos Antonio Julio Arrieta, exprofesor de Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, dejándolo fuera de la función pública por un periodo de 17 años. Este exdocente es acusado de haber perpetuado el acoso sexual contra varias estudiantes entre 2016 y 2019.

Según la Procuraduría, "Julio Arrieta abusó de su posición y autoridad para acosar física y verbalmente, sin consentimiento, a tres educandas de la universidad". El ente de control subrayó su preocupación por el patrón obsesivo y coercitivo del exprofesor hacia las mujeres, utilizando medios electrónicos para su hostigamiento.

En un inquietante giro de los acontecimientos, el profesor también es señalado por la entidad de proponer "trabajos conjuntos" a cambio de favores personales. La Procuraduría enfatiza en la necesidad de activar alarmas que prevengan violencias contra mujeres y niñas en todos los ámbitos educativos colombianos.

La trayectoria académica de Julio Arrieta en la Universidad Distrital, que se extendió desde los años noventa hasta su ascenso como decano en 2001, ahora se ve manchada por las sombras de su conducta indebida. Sus acciones provocaron que las estudiantes afectadas alzaran sus voces en denuncias que, lamentablemente, terminaron en revictimización.

Enfrentadas a muros de inacción, las víctimas llevaron su caso a la justicia en 2020 mediante una acción de tutela, que la Corte Constitucional revisó en 2023. "Los entornos educativos deben ser espacios seguros, libres de cualquier forma de acoso y violencia," fue el contundente mensaje de la Corte en su respuesta, enfatizando el papel de las instituciones en la protección y el diligente tratamiento de las denuncias por violencias de género.

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