Familias de víctimas de ‘falsos positivos’ protestaron en Bucaramanga tras cancelación de audiencia de la JEP

Lo esperaron durante años. Algunos familiares incluso se desplazaron desde otros municipios hasta Bucaramanga con la expectativa de escuchar respuestas sobre la muerte de sus seres queridos. Pero la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), prevista para el miércoles 7 de octubre, nunca ocurrió.

La cancelación de la diligencia provocó indignación entre familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, quienes realizaron un plantón en el parque Santander de Bucaramanga para exigir explicaciones y reclamar que los procesos avancen hacia el esclarecimiento de los hechos.

La audiencia hacía parte de las actuaciones adelantadas por la JEP frente a casos atribuidos a integrantes de varios batallones de la Quinta Brigada del Ejército Nacional. En la diligencia estaba prevista la comparecencia de militares que, de acuerdo con la representación de las víctimas, ya habían reconocido su participación en algunos de estos hechos y debían entregar nuevas versiones ante los familiares.

Sin embargo, la diligencia fue suspendida y, hasta ahora, las familias no conocen una nueva fecha para su realización.

Leonardo Jaimes, abogado del Equipo Jurídico Pueblos y representante de algunas de las víctimas, aseguró que la decisión les fue comunicada la semana anterior, pero cuestionó que no se les hubieran entregado razones claras sobre la cancelación.

La molestia tiene un componente adicional: varias de las personas que esperaban asistir habían organizado su desplazamiento hasta Bucaramanga para participar en la audiencia y escuchar directamente a los comparecientes.

Buscan respuestas sobre sus seres queridos

Para las familias, la audiencia representaba la posibilidad de conocer detalles que durante años han permanecido ocultos. Entre las preguntas que esperaban resolver están las circunstancias en las que sus familiares fueron trasladados, asesinados y posteriormente presentados falsamente como integrantes de grupos guerrilleros muertos en combate.

Se trata de procesos relacionados con las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’, crímenes que dejaron profundas heridas en Santander y que han sido investigados durante años por la justicia ordinaria y transicional.

La JEP ya ha tomado decisiones sobre la situación jurídica de antiguos integrantes de la Fuerza Pública vinculados a estos casos. En junio de 2026, por ejemplo, la jurisdicción resolvió la situación de 35 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 14 Capitán Antonio Ricaurte, relacionados con nueve hechos ocurridos entre 2003 y 2008 en Santander y Norte de Santander.

Para las víctimas, sin embargo, las decisiones judiciales no pueden significar el cierre de la búsqueda de la verdad.

Durante el plantón en Bucaramanga, sus representantes insistieron en que la protesta no está dirigida contra la existencia de la JEP, sino contra actuaciones que, consideran, podrían terminar afectando su derecho a conocer qué ocurrió con sus familiares y quiénes tuvieron responsabilidad en esos crímenes.

“Es un plantón en contra de la impunidad de crímenes de Estado en Colombia. Eso es muy distinto, no en contra de la JEP”, explicó Jaimes.

El abogado también cuestionó los beneficios relacionados con la renuncia a la persecución penal para algunos comparecientes y sostuvo que las víctimas se oponen a cualquier decisión que pueda impedir que se conozca de manera completa la verdad sobre las ejecuciones.

Mientras tanto, las familias continúan esperando una respuesta de la JEP y, principalmente, una nueva fecha para la audiencia que fue cancelada.

Para quienes llevan años buscando respuestas, el plantón en el parque Santander fue también una manera de recordar que detrás de cada expediente hay una familia que todavía espera saber qué ocurrió con su ser querido.