Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ha desatado una nueva tormenta política al denunciar formalmente a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro, Alberto Otárola, por su presunta responsabilidad en cuatro muertes durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023. Este pronunciamiento se produce en medio de una creciente tensión en la esfera política peruana.
Sin embargo, Benavides no está exenta de críticas. Un equipo especial anticorrupción ha iniciado una investigación contra ella y su entorno más cercano, acusándolos de integrar una red criminal corrupta. La fiscal sostiene que esta acusación busca amedrentarla y obstaculizar sus esfuerzos por combatir la impunidad.
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A pesar de la investigación en su contra, Benavides continúa adelante con sus acusaciones, extendiendo la responsabilidad a tres exministros del Interior que estuvieron en funciones durante las protestas. En total, son cinco las personas denunciadas por presunto homicidio calificado en relación con las muertes ocurridas durante las manifestaciones.
La fiscal se encuentra en una situación delicada, ya que la operación "Valquiria V" del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción la señala como la líder de una red criminal dedicada al tráfico de influencias. Dos fiscales supremos han solicitado su renuncia después de que destituyera a la coordinadora del equipo especial anticorrupción.
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Jaime Villanueva Barreto, asesor especial de la fiscal, ha sido detenido en relación con la investigación. Villanueva asegura que colaborará con las autoridades y que utilizó su posición para beneficiarse personalmente.
A pesar de las adversidades, Benavides ha anunciado su intención de continuar investigando a altos funcionarios responsables de las "trágicas muertes" en las protestas y otros casos emblemáticos. Sin embargo, la situación se complica aún más debido a las tensiones internas en el Ministerio Público y las acusaciones de obstrucción a la justicia.
