Fiscalía acusa a Carlos Ramón González por soborno a congresistas
Resumen
La Fiscalía acusa al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, por ordenar el desvío de millonarios recursos para sobornos a congresistas. Estos fondos buscaban asegurar apoyo a proyectos gubernamentales. González podría enfrentar una pena de 22 años.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
‘SOY INOCENTE’ dice exdirector y consejero secreto del presidente.
La Fiscalía arrancó la imputación de cargos en contra del abogado santandereano Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y mano derecha del presidente de la República, Gustavo Petro, con una sentencia muy clara: ¿fue usted el responsable de dar “instrucciones ilícitas” al entonces director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López? En el curso de la investigación, de acuerdo con la Fiscalía, el exdirector del Dapre dio la orden de cambiar la asignación de contratos, por dinero en efectivo, destinado a los presidentes del Senado y Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, en una suma total de 4.000 millones de pesos.
Para la entrega del dinero en efectivo a los congresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, además de Olmedo López y Sneyder Pinilla, apareció en escena la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, quien, según la Fiscalía, sirvió como intermediaria para llevar la suma de dinero al entonces presidente del Senado y entregarlo en su propia casa, ubicada en el norte de Bogotá, dinero que fue transportado en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Tras la pregunta del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, el exfuncionario manifestó que después de consultar con su abogado que no va aceptar los cargos imputados. En su intervención, que no duró más de una hora, el fiscal once delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, señaló que Carlos Ramón González dio instrucciones precisas para que se desviaran millonarios recursos de los contratos de la UNGRD.
Estos recursos fueron destinados a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con el fin de que apoyaran los proyectos que iba a presentar el gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso. En su intervención, el fiscal señaló claramente que el exdirector del Dapre se puede enfrentar a una pena de 22 años de prisión si es hallado culpable.
