Resumen
La sesión de conciliación entre la Cancillería colombiana y Thomas Greg & Sons finaliza sin acuerdo por disputa en licitación de producción de pasaportes. La compañía demanda una indemnización de $117 mil millones, generando posibles altos costos para el Estado.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En un giro reciente de los acontecimientos, la sesión de conciliación entre la Cancillería colombiana y la compañía Thomas Greg & Sons, ha concluido sin alcanzar un acuerdo. La controversia surge tras la declaración de desierta la licitación vinculada a la producción de pasaportes colombianos, proceso en el que la empresa resultó afectada.
Thomas Greg & Sons ha sido firme en su posición, rechazando una conciliación parcial y manteniendo su demanda de compensación. La cifra solicitada en indemnización asciende a la suma de $117 mil millones, poniendo al Estado ante la posibilidad de enfrentar una costosa litigación.
Las complicaciones en el proceso conciliatorio incluyeron la dimisión de Martha Lucía Zamora, jefa de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, así como la renuncia de Germán Calderón España, figura clave en la representación del fondo rotatorio del ente gubernamental. Ernesto Matallana Camacho ha sido designado para llenar el vacío dejado por los funcionarios salientes.
El Canciller Álvaro Leyva ha adoptado una postura inflexible, obviando las recomendaciones de los asesores legales, quienes advierten sobre una probable derrota estatal en tribunales si se materializa la demanda planteada por la empresa. Mientras tanto, "la Procuraduría ha llamado la atención sobre la ausencia de cumplimiento de los requisitos necesarios para llevar a cabo un acuerdo conciliatorio", incrementando aún más la incertidumbre sobre el desenlace del diferendo.
En un intento por salvaguardar la continuidad en la emisión de pasaportes, especialmente fuera del país, se ha impartido una declaración de emergencia. Paralelamente, se ha otorgado a Thomas Greg & Sons una extensión provisional de su contrato, vigente por un año adicional, como medida de contingencia ante el temor de una parálisis en el servicio.
Carlos Mario Zuluaga, Contralor en funciones, comunicó a Colprensa que "se contemplan posibles sanciones y medidas de repetición y responsabilidad" en el evento de que un juez dictamine a favor de la demanda impuesta por la empresa contra el Estado colombiano.
