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Funcionario de le UNGRD utilizo el presupuesto de la entidad para comprar 319 celulares ¿Dónde están?

La Procuraduría destituyó por 10 años a Jhoan David Cubillos Fajardo, técnico administrativo de la UNGRD, por adquirir ilegalmente 319 celulares beneficiándose de descuentos de Comcel S.A. y La Previsora S.A. Los dispositivos nunca ingresaron al inventario de la entidad.

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Funcionario de le UNGRD utilizo el presupuesto de la entidad para comprar 319 celulares ¿Dónde están?
Resumen con IA

La Procuraduría destituyó por 10 años a Jhoan David Cubillos Fajardo, técnico administrativo de la UNGRD, por adquirir ilegalmente 319 celulares beneficiándose de descuentos de Comcel S.A. y La Previsora S.A. Los dispositivos nunca ingresaron al inventario de la entidad.

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La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por el término de 10 años, al entonces técnico administrativo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Jhoan David Cubillos Fajardo, por la adquisición irregular de 319 dispositivos móviles de media y alta gama.

 

El ente de control comprobó que el sancionado usó en beneficio propio los descuentos otorgados a través de un convenio suscrito entre Comcel S. A. y La Previsora S. A., órgano encargado del manejo de los recursos de la UNGRD.

 

En su decisión, la Procuraduría sostuvo que los equipos celulares nunca ingresaron al inventario de la entidad, y que las prebendas concedidas por la compañía de comunicaciones fueron utilizadas por el disciplinado con una finalidad distinta para las que fueron autorizadas.

 

Para la Entidad, Cubillos Fajardo debió “velar por los intereses de su representada en la ejecución contractual y desarrollar las facultades otorgadas con miras a suplir las necesidades de la Fiduciaria La Previsora en materia de servicios de telecomunicaciones móviles”, así como la ejecución de los recursos de esta para atender los requerimientos de la UNGRD.  

 

Finalmente, la falta del exfuncionario fue calificada como gravísima a título de dolo por considerar que actuó con la voluntad de anteponer sus intereses personales a los colectivos e institucionales. 

 

Contra el fallo de segunda instancia no procede recurso ante la Procuraduría General de la Nación.