Gobierno busca agilizar licencias ambientales: consulta previa avanzaría en paralelo, pero seguirá siendo obligatoria antes de iniciar operaciones

Sergio Arturo Piñeros Botero, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), anunció durante su participación en la IX CUmbre de Petroleo y Gas que se realiza en Cartagena, que el Gobierno Nacional trabaja en un decreto para permitir que los trámites de consulta previa y evaluación de licencias ambientales avancen simultáneamente. La medida busca optimizar los tiempos sin eliminar las garantías ambientales ni los derechos de las comunidades.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El Gobierno Nacional avanza en una reforma al procedimiento de licenciamiento ambiental que busca reducir los tiempos de evaluación de proyectos de infraestructura, hidrocarburos y minería, mediante la posibilidad de adelantar de manera paralela el trámite de consulta previa y el estudio de las licencias ambientales.

Así lo anunció Sergio Arturo Piñeros Botero, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), quien informó que el Ministerio de Ambiente está remitiendo a la Presidencia de la República un proyecto de decreto que permitiría radicar y evaluar solicitudes de licenciamiento mientras se desarrolla el proceso de consulta previa con las comunidades étnicas.

El funcionario aclaró que la propuesta no significa eliminar la consulta previa ni reducir las exigencias ambientales. Por el contrario, busca evitar que ambos procedimientos se conviertan en trámites sucesivos que prolonguen innecesariamente la ejecución de los proyectos.

“Hoy, el Ministerio del Ambiente ya está enviando a Presidencia el decreto que pone en paralelo la consulta previa con la evaluación. No se podrá otorgar licencia hasta que no haya el cierre de consulta previa, pero sí se podrá radicar en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el proceso paralelo a la consulta previa”, explicó Piñeros.

En ese sentido, el director de la ANLA insistió en que la consulta previa deberá estar completamente finalizada antes de que comiencen las operaciones de cualquier proyecto que tenga la obligación de adelantarla. La intención es que la evaluación ambiental no tenga que esperar a que termine ese procedimiento para comenzar su trámite.

La consulta previa y la licencia ambiental:

dos procesos que no deben competir

Durante su intervención, Piñeros Botero defendió la importancia de mantener la consulta previa como una garantía para las comunidades, pero consideró que no debería convertirse en una condición que impida iniciar la evaluación técnica de una solicitud de licencia ambiental.

“Son dos cosas igual de importantes, pero no pueden competir impidiendo que una avance sobre la otra”, señaló.

El funcionario agregó que algunos de los cambios planteados también deberán discutirse y tramitarse mediante modificaciones legales, particularmente a través de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y una eventual modificación de la Ley 99 de 1993.

La propuesta se enmarca en una estrategia gubernamental orientada a optimizar los procedimientos administrativos y facilitar el desarrollo de proyectos considerados estratégicos para el crecimiento económico y la infraestructura del país.

Piñeros fue enfático en que estos ajustes no representan una flexibilización ambiental. “Aquí no se está hablando de flexibilización ambiental, al revés, se está fortaleciendo la toma de decisiones, no sólo con prevenciones, sino con conocimiento ya evidente que ya está en las manos tanto de ustedes como en los institutos de investigación, o en los mismos expedientes de licenciamiento”, manifestó.

Inteligencia artificial para

reducir los tiempos de evaluación

Otro de los anuncios destacados fue la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la verificación preliminar de los documentos que presentan las empresas ante la ANLA.

Según explicó el director, aunque los procesos de licenciamiento pueden tardar varios años en su totalidad, una parte importante de las demoras se concentra en la revisión inicial de los documentos, debido a errores técnicos, inconsistencias cartográficas y requisitos que deben corregirse en varias oportunidades.

Como respuesta, la autoridad ambiental adelanta pruebas piloto de un agente de inteligencia artificial que permitirá a las empresas cargar previamente sus documentos y recibir observaciones sobre los requisitos pendientes o los aspectos que no cumplen con la normativa.

En relación con las sustracciones de áreas de reserva forestal, señaló que el Ministerio de Ambiente estudia la posibilidad de incorporar estos procedimientos dentro del mismo proceso de licenciamiento ambiental, con el propósito de evitar trámites separados.

Finalmente, Piñeros Botero sostuvo que el rigor ambiental no debe medirse por la cantidad de obstáculos administrativos que enfrenta un proyecto, sino por la calidad de la información técnica y científica utilizada para tomar decisiones.