Gobierno estaría a punto de destapar una olla podrida en la Universidad de Pamplona
El Ministerio de Educación abrió una investigación preliminar y hará una inspección a la Universidad de Pamplona por posibles irregularidades contractuales.
El Ministerio de Educación abrió una investigación preliminar y hará una inspección a la Universidad de Pamplona por posibles irregularidades contractuales.
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En cumplimiento de las instrucciones del Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Educación Nacional informó que viene adelantando acciones correspondientes frente a la situación de la preocupante Universidad de Pamplona, en la que se habla de una serie de irregularidades que comprometerían los recursos públicos.
El Ministerio indicó que practicará esta semana una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Pamplona, con el propósito de verificar las denuncias relacionadas con posibles irregularidades en materia contractual.
Asimismo, se informó a la ciudadanía que esta Cartera ordenó la apertura de una investigación administrativa preliminar a la Universidad de Pamplona, sus directivos y órganos de administración y control, mediante la Resolución 024428 del 4 de septiembre de 2026.
Las actuaciones, a cargo del viceministerio de Educación Superior, se sustentan en la Ley 30 de 1992, la Ley 1740 de 2014, el Decreto 2269 de 2023 y demás normas concordantes. La apertura de esta investigación parte, entre otros elementos, de la sentencia del 2 de julio de 2026 del Honorable Consejo de Estado, que declaró la nulidad del acto de elección de Ivaldo Torres Chávez.
De igual manera, el delegado del Ministerio de Educación Nacional participó en la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) realizada la semana pasada y acompaña el proceso relacionado con la elección del rector, con el propósito de contribuir a que este se adelante con transparencia y conforme a lo dispuesto por el Consejo de Estado y la normativa vigente.
“El Ministerio de Educación Nacional adelantará, con rigor y transparencia, las actuaciones que correspondan frente a los hallazgos que sean verificados; y reitera que las Instituciones de Educación Superior tienen el deber de actuar con debida diligencia y garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad y de la normativa que regula la prestación del servicio público de educación superior”, puntualizó un vocero de la cartera educativa.
