EL pasado sábado EL FRENTE publicó un detalladlo informe periodístico mediante el cual se dio a conocer a la ciudadanía una sanción que interpuso el Tribunal Administrativo de Santander contra la Ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, por no actuar de manera célere y garantista, con la participación de las comunidades, en el objetivo de delimitar el Páramo de Santurbán. Esta semana el tema tuvo un nuevo giro: de manera sorpresiva MinAmbiente citó a las comunidades a una reunión para discutir el tema, dejando en el ambiente que a menos de un mes de finalizar el mandato del actual gobierno se presionará una delimitación exprés por decreto.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

A menos de un mes de concluir el actual Gobierno Nacional, una nueva controversia rodea el proceso de delimitación del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. La convocatoria realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para desarrollar una mesa de concertación el próximo sábado 4 de julio, en el Centro de Convenciones Neomundo de Bucaramanga, desató fuertes cuestionamientos entre las comunidades de la provincia de Soto Norte, que consideran que el proceso se está adelantando de manera apresurada y sin las garantías de participación ordenadas por la Corte Constitucional.

La reunión fue convocada en un momento especialmente sensible. Apenas unos días antes, el Tribunal Administrativo de Santander sancionó por desacato a la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, al establecer que la cartera ambiental incumplió de manera reiterada las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017, que obliga al Estado a adelantar un proceso amplio, transparente y participativo para definir la delimitación definitiva del complejo de páramos.

rente a este panorama, habitantes, pequeños mineros, organizaciones sociales y dirigentes comunitarios consideran que la convocatoria no obedece a un genuino interés por fortalecer el diálogo con las comunidades, sino a un intento por dejar adelantado un proceso de delimitación antes del cambio de gobierno previsto para el próximo 7 de agosto.

Comunidades denuncian desconocimiento de acuerdos

Uno de los principales cuestionamientos radica en que, según los líderes sociales, el Ministerio estaría desconociendo los consensos alcanzados durante las mesas de concertación realizadas entre 2024 y 2025 con cerca de 25.000 habitantes de los seis municipios que integran la provincia de Soto Norte, escenarios de participación que precisamente fueron impulsados para cumplir las exigencias de la Corte Constitucional.

Las organizaciones comunitarias sostienen que la nueva convocatoria fue realizada con escaso tiempo de anticipación, lo que dificulta la preparación de las comunidades, limita la participación efectiva de los habitantes del territorio y reduce la posibilidad de realizar un análisis serio sobre los documentos técnicos que eventualmente serán presentados por el Ministerio.

Para los líderes de la región, intentar resolver en una única jornada un proceso que ha permanecido sin definirse durante casi una década contradice el espíritu mismo de la Sentencia T-361, que exige una participación amplia, informada, efectiva y deliberativa de todos los sectores involucrados.

"Quieren meter un mico"

Entre las voces más críticas se encuentra Ivonne González, presidenta de Asomineros, quien aseguró que el actual Gobierno estaría intentando introducir modificaciones de última hora al proceso de delimitación.

"Este Gobierno saliente está intentando meter un mico a la delimitación de Santurbán. En 2022, como Vetas, le pedimos al Ministerio de Ambiente una delimitación parcial y nos dijeron que no, que el macizo no se podía dividir. Hoy, a días de dejar el cargo, están haciendo justamente eso. Hago un llamado al presidente electo, Abelardo De la Espriella, para que durante el empalme pare todo esto", manifestó la dirigente.

Según González, resulta contradictorio que la propuesta de una delimitación parcial, rechazada por el propio Ministerio hace cuatro años bajo el argumento de que el complejo de páramos constituía una unidad ecológica indivisible, ahora sea considerada precisamente cuando la administración nacional está próxima a finalizar su mandato.

La dirigente también cuestionó la oportunidad política de la convocatoria y pidió la intervención de los organismos de control.

"Recibimos con agrado el desacato del Tribunal a la Ministra de Ambiente, pero tenemos que poner esta alerta por el mico o elefante que le quieren meter a la delimitación del Páramo de Santurbán. Lo que están citando es una Convención del Pacto Histórico, diciendo cosas que no son y no conocen. Hacemos un llamado a la Procuraduría, porque este Gobierno no puede seguir violando todos los principios del Acuerdo de Escazú haciendo cosas amañadas y politiqueras", afirmó.

La sanción del Tribunal cambia el panorama

La convocatoria del Ministerio se conoce apenas días después de que el Tribunal Administrativo de Santander profiriera un auto, fechado el 24 de junio de 2026 dentro del proceso con radicado 680012333000-2015-00734-00, mediante el cual declaró que el Ministerio de Ambiente incumplió nuevamente las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

En esa decisión, el Tribunal concluyó que la entidad no ejecutó las acciones necesarias para avanzar de manera efectiva en el proceso de delimitación del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y, como consecuencia, impuso una sanción económica equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ministra encargada Irene Vélez Torres, suma que deberá ser cancelada con recursos de su propio patrimonio.

La providencia judicial sostiene que el Ministerio no logró demostrar la adopción de medidas eficaces para corregir los reiterados incumplimientos y recordó que las reuniones preparatorias, los informes técnicos o las actividades administrativas no constituyen por sí mismas el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

Además, el Tribunal ordenó al Ministerio presentar, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, un cronograma actualizado, verificable y con fechas concretas para cada uno de los municipios involucrados en el proceso.

Uno de los aspectos más contundentes del auto judicial corresponde al historial de retrasos acumulados por el Ministerio de Ambiente desde que fue expedida la Sentencia T-361 en 2017.

Según el Tribunal, la cartera ambiental ha presentado al menos siete cronogramas diferentes para culminar la delimitación definitiva del páramo, sin que ninguno de ellos haya sido cumplido.

Las fechas previstas para expedir la resolución definitiva fueron modificándose sucesivamente, pasando por julio de 2019, diciembre de 2019, noviembre de 2023, septiembre y octubre de 2024, julio de 2025, diciembre de 2025 y, finalmente, junio y julio de 2026.

Sin embargo, a pesar de todos esos compromisos institucionales, el acto administrativo definitivo continúa sin ser expedido.

El Ministerio Público también evidenció importantes retrasos en la ejecución de las actividades previstas. De acuerdo con el informe presentado al Tribunal, del cronograma correspondiente al periodo comprendido entre mayo y agosto de 2025 estaban programadas 29 mesas de trabajo, pero únicamente se realizaron tres, dejando pendientes 36 espacios de participación que debían desarrollarse con las comunidades.

Temor por una delimitación acelerada

Las organizaciones comunitarias consideran que la actual convocatoria busca acelerar un proceso que, por su complejidad ambiental, social, económica y jurídica, requiere amplios espacios de deliberación y construcción colectiva.

Según expresan los líderes de Soto Norte, existe preocupación porque el Ministerio pretenda replicar metodologías de participación que anteriormente fueron objeto de críticas por la escasa asistencia ciudadana, como ocurrió, afirman, durante las jornadas relacionadas con la Zona de Reserva Turística y algunas reuniones de socialización adelantadas en municipios como Girón y Floridablanca, donde, según los denunciantes, participaron menos de diez personas.

Para los pequeños mineros y representantes de las comunidades, una decisión de semejante trascendencia no puede adoptarse mediante un proceso acelerado durante las últimas semanas de un gobierno saliente, sino que debería ser asumida por la próxima administración nacional con el tiempo suficiente para garantizar una verdadera concertación entre todos los sectores involucrados.