Gobierno Petro habría ordenado en la ANI nombramiento de 120 corbatas: cobraban pero no trabajaban

Fu la misma entidad, ahora en la Era de la Espriella, la que reportó posibles anomalías en el manejo de recursos fiduciarios durante el gobierno de Gustavo Petro. La medida evitó, según la Agencia, un posible daño patrimonial de $22.419 millones. Fiscalía, Procuraduría y Contraloría fueron notificadas para investigar los hechos.

Una revisión contractual encendió las alarmas en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La entidad anunció la terminación de más de 120 contratos de prestación de servicios tras identificar presuntas irregularidades relacionadas con el uso de recursos fiduciarios destinados a proyectos de concesión. El valor de los contratos cuestionados asciende a $22.419 millones, suma que la Agencia asegura haber protegido de un posible daño patrimonial.

El anuncio, divulgado el 12 de octubre por la nueva administración de la ANI, abre interrogantes sobre los controles aplicados a la contratación pública durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y sobre la destinación de los recursos vinculados a proyectos estratégicos de infraestructura del país.

De acuerdo con la entidad, la revisión permitió detectar situaciones en las que debía verificarse si las actividades contratadas correspondían efectivamente a los fines legales para los cuales estaban destinados los recursos de las fiducias de los proyectos de concesión.

Uno de los hallazgos que más preocupa tiene que ver con contratos cuyas obligaciones presuntamente coincidían con actividades propias de las interventorías. En otras palabras, según la explicación de la ANI, se habrían contratado servicios que ya estaban contemplados dentro de las funciones de supervisión de determinadas obras, lo que plantea la posibilidad de pagos duplicados por actividades similares.

Si las autoridades confirman estas irregularidades, los hechos podrían tener consecuencias disciplinarias, fiscales e incluso penales, dependiendo de las responsabilidades individuales y de las pruebas que se recauden.

Los organismos de control entran en escena

La ANI informó que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que cada organismo adelante las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.

La intervención de estas entidades será determinante para establecer si hubo una utilización indebida de los recursos fiduciarios, quiénes participaron en la celebración y ejecución de los contratos y si se produjo algún detrimento efectivo de los dineros destinados a la infraestructura nacional.

La cifra de $22.419 millones corresponde al valor de los contratos terminados y no constituye, por sí sola, una pérdida fiscal definitivamente establecida ni demuestra que la totalidad de esos recursos haya sido apropiada irregularmente. La determinación de eventuales daños y responsabilidades dependerá de las investigaciones.

Contratación bajo la lupa

La nueva administración de la ANI aseguró que está reforzando los controles para garantizar que los recursos fiduciarios se utilicen exclusivamente conforme a su destinación y que cada obligación contractual tenga justificación técnica y legal.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental para la vigilancia de los recursos públicos: ¿cómo se verificó que los contratos financiados con dineros de las fiducias respondieran a necesidades reales de los proyectos?

Por ahora, la terminación de los más de 120 contratos constituye una medida administrativa frente a las situaciones identificadas por la entidad. El siguiente paso será establecer, con pruebas y decisiones de las autoridades competentes, si las presuntas irregularidades se traducen en responsabilidades concretas.

Mientras avanzan las investigaciones, los recursos destinados a la infraestructura quedan bajo una lupa reforzada y las explicaciones sobre la contratación examinada serán esenciales para esclarecer lo ocurrido.