Gobierno sigue violando el ordenamiento jurídico

Al despedirse del gobierno, este siete (7) de agosto del año 2026, el saliente presidente de la República Gustavo Petro Urrego acumula el más alto volumen de violaciones a la Constitución y a las leyes de la república. Son centenares de procesos penales acumulados en la ‘Comisión de Acusaciones’ de la Cámara de Representantes, donde la mayoría de los integrantes pertenecen a clanes políticos que se benefician de la contratación oficial. Muchos estudiantes y profesores de las universidades públicas, en su gran mayoría, nunca entendieron por qué fueron cediendo los espacios académicos a la conformación de grupos de las narcoguerrillas urbanas que se alojaban bajo las instalaciones de estos centros académicos, financiados por el ministerio de educación nacional.

Entre las víctimas del gobierno de Gustavo Petro estaban los militares y policías de alto rango, humillados como nunca se había ocurrido en otras administraciones, donde los oficiales, suboficiales y soldados eran tratados con desprecio, por haber perseguido a los grupos violentos del ELN, Clan del Golfo, disidencias de las FARC y de la denominada ‘Nueva Marquetalia’, de donde salió la orden para asesinar al candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El derroche de dineros provenientes del erario público y de las organizaciones del narcotráfico y de la minería ilegal, provocó la conformación de grupos de bandidos que se dieron cita dentro y fuera del país para imponer un jefe comunista autóctono, como el senador Iván Cepeda Castro,  que fue el candidato presidencial del denominado ‘Pacto Histórico’ que luego de su derrota en las urnas terminará ocupando nuevamente el cargo de senador de la República, para hacerle oposición al nuevo gobierno desde las instalaciones internas del Capitolio Nacional de la patria.

En la rama constitucional, el presidente saliente Gustavo Petro, pisoteó la constitución política y las leyes de la república, para sufragar, con los dineros del estado unas elecciones presidenciales atípicas, donde adjudicaron desde el Palacio de Nariño millares de contratos oficiales, para comprar las elecciones presidenciales. Hubo más de un centenar de municipios de Colombia, procedentes de las zonas cocaleras del país, donde las bandas criminales, que estaban buscando la amnistía y el indulto por los crímenes cometidos por la insurgencia criminal, obligaron al campesinado en su totalidad, a cerrar filas frente a las urnas colocadas por la Registraduría del Estado Civil.

La renovación de nombramientos en las sesenta y cuatro (64) embajadas que mantiene el gobierno de Colombia y la garantía de que el cuerpo diplomático se mantenga en el poder de manera indefinida, ha sido otra violación de las normas consagradas en el ordenamiento jurídico. Los sobrecostos por la compra de aviones de combate que fueron adquiridos para remplazar los helicópteros de las fuerzas militares y de policía, será tema de otro millonario escándalo que envuelve a los funcionarios saliente gobierno.