Ignorar las alertas tempranas: ¿negligencia o permisividad?

Preámbulo: La Alerta Temprana 015 evidencia que el deterioro de la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga fue advertido hace cinco años. Ignorar esas señales, mientras persisten la inacción institucional y las prioridades presupuestales equivocadas, podría abrir la puerta al fortalecimiento del crimen organizado.

Por Óscar Humberto Cote Cote / EL FRENTE

Las zonas caóticas en materia de seguridad, como el Cauca y el Catatumbo, no aparecen de la noche a la mañana. Se construyen lentamente, alimentadas por la indiferencia institucional, la falta de planeación y la incapacidad administrativa para actuar cuando las alertas aún pueden evitar el desastre. Eso recuerda la Alerta Temprana 015 de 2026 emitida por la Defensoría del Pueblo: la crisis de sicariatos y demás conductas criminales que hoy enfrenta el área metropolitana de Bucaramanga ya había sido advertida desde la Alerta Temprana 028 de 2021.

Cinco años después, la pregunta es inevitable: ¿por qué la respuesta institucional fue tan ineficiente frente a esas advertencias?

La nueva alerta no solo confirma que las acciones adoptadas fueron insuficientes. También advierte sobre la expansión de nuevas economías ilícitas, como la minería ilegal, y la llegada de actores armados dispuestos a disputarse el territorio. Colombia ya conoce ese libreto. El Catatumbo y amplias zonas del Cauca demuestran que cuando el Estado reacciona tarde, recuperar el control puede tomar décadas y costar innumerables vidas.

Mientras tanto, un municipio como Piedecuesta demuestra una realidad desalentadora. Los antiguos Frentes de Seguridad, hoy denominados Zonas Seguras, llevan más de tres años sin inversión alguna por parte del ente territorial para su mantenimiento. Ahora se anuncian cerca de 200 millones de pesos para intervenir unas 45 zonas, con una garantía de apenas dos meses. Más que una solución estructural, parece un paliativo insuficiente frente a años de abandono.

La participación ciudadana es indispensable para enfrentar la delincuencia, pero jamás puede sustituir la responsabilidad estatal. Mucho menos puede trasladarse a las comunidades la carga económica de mantener herramientas que deberían hacer parte de la estrategia pública de seguridad.

Colombia enfrenta un déficit histórico de personal policial. Precisamente por esa limitación sorprende que no existan proyectos serios para incorporar tecnología que multiplique la capacidad operativa de la Fuerza Pública. Drones, sistemas inteligentes de videovigilancia, analítica de datos e inteligencia artificial ya no son un lujo: son herramientas indispensables para prevenir el delito, optimizar los recursos disponibles y proteger a la ciudadanía. Piedecuesta y los demás municipios del área metropolitana no pueden seguir aplazando proyectos piloto que permitan ampliar la capacidad coercitiva para enfrentar la criminalidad.

Resulta difícil comprender que, mientras se destinan más de 2.500 millones para celebraciones de unos pocos días, la seguridad continúe esperando mejores presupuestos. Las prioridades de un gobierno se reflejan en la forma como asigna sus recursos. Cuando no hay presupuesto suficiente para proteger la vida, pero sí para financiar eventos efímeros, la ciudadanía tiene derecho a cuestionar si la seguridad ocupa realmente el lugar que merece en la agenda pública.

La Alerta Temprana 015 no puede convertirse en otro documento ignorado. Hacerlo sería repetir los errores del pasado. Aún estamos a tiempo de evitar que el área metropolitana llegue a un punto de no retorno y enfrente una realidad semejante a la del Catatumbo o el Cauca. Las alertas tempranas no se expiden para justificar tragedias futuras, sino para impedirlas. La pregunta ya no es si las advertencias fueron suficientes, sino si este momento será recordado como un episodio de negligencia frente al avance del crimen organizado.