“Inclusión de Simón Trinidad en grupo de víctimas de la UP fue un error humano” ¿Le podemos creer a la JEP?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tuvo que salir a apagar un incendio político y jurídico luego de reconocer que la aparición del nombre de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como alias Simón Trinidad, en un listado relacionado con víctimas del caso del exterminio de la Unión Patriótica (UP) obedeció a un “error humano” de carácter administrativo y no a una decisión judicial en firme.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La aclaración, lejos de cerrar el episodio, volvió a poner bajo la lupa los delicados criterios con los que opera la justicia transicional en Colombia, particularmente en un país donde la línea entre víctima y victimario suele convertirse en terreno de confrontación política.

Según explicó la magistratura, la controversia surgió por la publicación accidental de un anexo preliminar que contenía solicitudes aún en evaluación dentro de la Sala de Reconocimiento.

En ese documento apareció el nombre del excomandante de las Farc como solicitante de reconocimiento como víctima por hechos ocurridos entre 1985 y 1987, cuando militaba en la Unión Patriótica en Valledupar, mucho antes de consolidarse como uno de los rostros más visibles del secretariado guerrillero.

La magistrada aclaró que dicha inclusión no generó acreditación formal, no le otorgó derechos procesales ni produjo consecuencias jurídicas, pues se trató simplemente de una equivocación en la carga documental. Tras detectarse el error, el nombre fue retirado del expediente público.

Aunque la explicación oficial apuntó a una falla administrativa, el episodio reactivó de inmediato un debate nacional de fondo: ¿puede un antiguo comandante guerrillero, condenado por secuestro y considerado victimario en múltiples hechos, aspirar al reconocimiento como víctima en un periodo previo de persecución política?

Para sectores de oposición, el incidente confirmó sus críticas históricas hacia la JEP. Voces como la del exviceministro Rafael Nieto cuestionaron que errores de este calibre terminan “confundiendo a la ciudadanía” y alimentando la percepción de que el sistema podría diluir responsabilidades penales al mezclar trayectorias criminales con contextos previos de victimización.

Sin embargo, analistas jurídicos recuerdan que la justicia transicional parte precisamente de una premisa incómoda para el debate público: en conflictos armados prolongados, una misma persona puede haber sido víctima en un momento específico y posteriormente responsable de graves crímenes. Esa complejidad, sostienen, no exonera responsabilidades, pero sí obliga a examinar trayectorias individuales con criterios jurídicos y no únicamente políticos.

Trinidad: de economista

a símbolo de las Farc

La figura de Simón Trinidad sigue siendo una de las más polémicas del conflicto colombiano. Nacido en Valledupar en 1950, economista de formación, exgerente bancario y exprofesor universitario, Palmera transitó de la actividad política legal en la Unión Patriótica a las filas de las Farc, donde ascendió hasta convertirse en integrante del Bloque Caribe y posteriormente en negociador durante los diálogos del Caguán.

Su captura en Quito en 2004 y posterior extradición a Estados Unidos lo llevaron a una condena de 60 años por su participación en el secuestro de tres contratistas estadounidenses vinculados al Plan Colombia, hecho que marcó su imagen internacional como uno de los principales referentes de la antigua guerrilla.

Hoy permanece preso en una cárcel estadounidense, mientras sectores del petrismo y algunas voces del proceso de paz han planteado en distintas ocasiones la necesidad de revisar su situación como parte de discusiones más amplias sobre verdad, reparación y cierre del conflicto.

El debate no ocurre en cualquier escenario. El caso 06 de la JEP investiga precisamente el exterminio sistemático de la Unión Patriótica, partido surgido tras los diálogos de paz de los años 80 y cuyos militantes fueron víctimas de asesinatos, desapariciones y persecución política en uno de los episodios más graves de violencia contra movimientos de izquierda en América Latina.

En ese contexto, cualquier persona que hubiese pertenecido a la UP y alegue persecución en ese periodo puede presentar solicitudes, las cuales deben ser evaluadas individualmente. El punto jurídicamente sensible no es la solicitud en sí, sino la eventual valoración probatoria y los alcances de un reconocimiento formal.