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Incongruencias dilatadas durante un cuarto de Siglo en San Bazar

Incongruencias dilatadas durante un cuarto de Siglo en San Bazar
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Comerciantes y Alcaldía reclaman posesión de locales Por San Bazar han estado en permanente litigio la Alcaldía de Bucaramanga y los comerciantes. Mientras el municipio quiere recuperar 435 locales que no han sido traspasados, los comerciantes piden escrituras y defienden sus adjudicaciones de hace 26 años. Según el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), al no haber

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Comerciantes y Alcaldía reclaman posesión de locales

Por San Bazar han estado en permanente litigio la Alcaldía de Bucaramanga y los comerciantes. Mientras el municipio quiere recuperar 435 locales que no han sido traspasados, los comerciantes piden escrituras y defienden sus adjudicaciones de hace 26 años.

Según el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), al no haber traspaso es necesario establecer quiénes son los titulares de cada uno de los inmuebles. Incluso desde esta entidad se advertirá de posibles irregularidades.

Así, en los locales 111 y 523 se han visto anuncios de alquiler. Estos locales están reservados para vendedores informales y no pueden ser ofrecidos a terceros. Los comerciantes han denunciado irregularidades.

Reclamos y justificaciones

El pasado 29 de octubre los contratistas municipales ingresaron a los locales sin previo aviso a la administración del centro comercial.

Para ello utilizaron cizallas para cortar los candados. En el caso del local 111 el responsable asegura que cuenta con documentación de asignación (Acuerdo 037 de 2000). Además, dice estar al día con la administración que no tenía conocimiento de la diligencia.

En el local 537 una de las beneficiarias niega que haya abierto el local para arrendarlo. Los reclamantes piden escrituras de las viejas adjudicaciones. Además, dicen que hay una deuda de más de 84 millones de pesos por 34 locales que se entregaron por oferta institucional.

Desde el Dadep se han llamado a los comerciantes que tienen promesas de compraventa y desconocen la situación jurídica de sus negocios para revisar los expedientes y determinar los titulares de cada inmueble.