Resumen
Para ese día, instalarán puestos de control itinerantes, con el propósito de “ubicar personas con dinero que pudiera ser utilizado para la compra de votos".
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)El Ministerio del Interior reafirmó la intención del Gobierno Nacional de entregar hasta 20 millones de recompensas, a todos aquellos ciudadanos que colaboren con las autoridades, brindando información sobre hechos y lugares que puedan estar relacionados con la compra y venta de votos, este 29 de octubre durante las elecciones regionales 2023.
Lo anterior, según explicó el ministerio a través de uno de sus comunicados, emitido este miércoles 25 de octubre, para eliminar una práctica que ha ensombrecido el ejercicio de la democracia en el país.
Así que, para ese día, instalarán puestos de control itinerantes, con el propósito de “ubicar personas con dinero que pudiera ser utilizado para la compra de votos, así mismo, en terminales y carreteras habrá controles con perros especializados en la detección de divisas”, destaca el documento.
Para ese día, el Estado también dispondrá de 250.000 uniformados de las Fuerzas Militares y de Policía, quienes “garantizarán la seguridad y la tranquilidad de los sufragantes durante la jornada de votaciones territoriales que elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles”, señaló el ministerio.
El anuncio también llega en respaldo a la directriz del presidente Gustavo Petro, quien en los últimos días solicitó tomar medidas en aras de promover la transparencia en las elecciones territoriales, y ofreció inicialmente la suma de $200.000 pesos, para después ofrecer hasta cinco millones de pesos.
“Se pagará entre un millón a cinco millones de pesos a quienes denuncien con pruebas a los compradores de votos. Le solicito a la ciudadanía grabar toda actividad irregular que detecte en las campañas y enviárnoslas”, señaló el mandatario en su cuenta personal de la red social X.
Por lo cual, este miércoles los ministerios de Interior y de Defensa Nacional, en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, tras una larga reunión, tomaron la decisión de aumentar la oferta y subirla a los $20 millones.