Investigan a docente por presunto acoso sexual a estudiante de Piedecuesta

La sombra del abuso sexual se cierne sobre el sistema educativo de Santander. En las últimas horas, dos procesos de alto impacto han puesto bajo la lupa la conducta de educadores en el departamento, revelando un oscuro panorama de presuntas traiciones a la confianza de menores de edad en entornos que deberían ser templos de seguridad y formación.

La Procuraduría General de la Nación dio un paso contundente al formular pliego de cargos contra Ronald Javier Villamizar Santos, docente de una institución educativa en Piedecuesta. El ente de control investiga si el profesor, durante el año escolar 2023, cruzó la línea de la ética y la legalidad al acosar presuntamente a una alumna de noveno grado.

El relato de los hechos, que hoy es materia de verificación por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, es estremecedor: se habla de tocamientos indebidos dentro de las instalaciones del colegio y de una alarmante extensión del acoso al plano digital, mediante videollamadas donde se habrían realizado actos de carácter obsceno.

La justicia administrativa no ha andado con rodeos: la falta ha sido calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo. Esto implica que, para el Ministerio Público, existen indicios de que el docente actuó con plena conciencia y voluntad, vulnerando los derechos fundamentales de la menor a su integridad y formación sexual.

Mientras el proceso disciplinario avanza en Piedecuesta, un caso de corte penal sacude al municipio de Aratoca. Un docente de 54 años fue capturado en Bucaramanga, señalado de utilizar su rol de autoridad para depredar la inocencia de una adolescente de apenas 13 años.

Según el expediente judicial, el profesor tejió una red de confianza basada en intereses comunes: el fútbol. Bajo la fachada de compartir la pasión por el deporte, el hombre habría contactado a la menor por redes sociales, logrando sacarla del entorno escolar para llevarla a su vivienda privada en Aratoca con la excusa de ver partidos. Fue allí donde, presuntamente, se consumó el delito de acto sexual con menor de 14 años.

Gracias a la denuncia valiente de la familia de la menor de Aratoca, un juzgado de San Gil emitió la orden de captura que hoy tiene al educador tras las rejas, a la espera de que se defina su situación jurídica.

Ambos casos encienden las alarmas en el departamento sobre los filtros de seguridad y el acompañamiento psicológico en las instituciones. Santander hoy no solo exige justicia para las víctimas, sino un blindaje real para que el tablero y la tiza no vuelvan a ser herramientas de manipulación y abuso.