Resumen
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El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala ha anunciado que las elecciones presidenciales, que llevaron a la victoria a Bernardo Arévalo de León, no son válidas debido a supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral. Esta declaración provocó sanciones por parte de Estados Unidos el pasado 12 de julio contra la cúpula del Ministerio Público guatemalteco por corrupción.
La fiscal Leonor Morales, en una conferencia de prensa, afirmó que las actas electorales utilizadas en los comicios "son nulas de pleno derecho" al no haber sido inicialmente autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral. La fiscal justificó la anulación de las elecciones argumentando que los formatos utilizados no fueron los aprobados originalmente por el Tribunal, calificándolas como "nulas de pleno derecho".
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Bernardo Arévalo de León, presidente electo, había acusado previamente a la Fiscalía de llevar a cabo un "golpe de Estado" en su contra. Además, el Ministerio Público inició un nuevo caso contra Arévalo de León relacionado con la constitución y financiación del partido Movimiento Semilla, solicitando la retirada de su inmunidad.
La crisis en Guatemala ha alcanzado un nuevo nivel con la condena de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al "intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público". La Secretaría General de la OEA, a través de un comunicado, instó al presidente del país, Alejandro Giammattei, y otras instituciones a actuar contra los "perpetradores de este atentado" para "defender las instituciones y el orden constitucional". Según la OEA, el intento de anular las elecciones constituye "la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo".
