Jaime Araujo Rentería buscará la Presidencia con “Causa Colombia”

“Colombia debe migrar hacia un Estado federal con justicia territorial”

El cambio estructural que necesita Colombia, exige la participación activa de cada ciudadano en el proceso de reforma hacia una alternativa real y necesaria para que Colombia sea más justa, democrática y equitativa.

Con el propósito de enfocar sobre puntos específicos y concretos su visión del presente del país y de generar una propuesta hacia un futuro cercano, el Expresidente del Consejo Nacional Electoral y Expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Araujo Rentería, ha iniciado una correría por Colombia para fomentar un debate amplio y participativo, tendiente a llegar a la Presidencia de la República en 2026.

En ese debate quiere sumar la ciudadanía, los académicos, los dirigentes políticos y la sociedad civil, con el propósito de unir esfuerzos para vislumbrar alternativas que superen el centralismo y migrar hacia un Estado federalista, sistema con el cual se genere igualdad de oportunidades para todas las regiones.

Es enfático en señalar que se debe convocar una Asamblea Constituyente que, con el respaldo de un proceso riguroso de discusión, establezca las bases de un nuevo contrato social.

Paralelamente, resulta indispensable impulsar mecanismos de transparencia en el financiamiento de la actividad política, de forma que el poder se ejerza en función del bien común y no de intereses particulares. La transformación exige voluntad política y compromiso de todos los actores, el cambio no será inmediato, pero resulta inaplazable.

Háganos un recuento de quién es usted y su recorrido en la vida pública nacional.

“Soy Jaime Araujo Rentería y provengo de Valledupar. Mi vida se ha dedicado a la labor jurídica y he ejercido la abogacía. He ocupado cargos esenciales en la administración de justicia. Fui magistrado en el Consejo Nacional Electoral y fui Presidente de la Corte Constitucional desde el año 2001 hasta el 2009. Cada cargo me ofreció una visión directa de la realidad política y social del país, lo que forjó en mí la convicción de defender la justicia y la equidad en cada decisión”.

Usted inició un proceso de diálogo directo con la ciudadanía, desde la región Caribe para recorrer el territorio nacional. ¿Cuál fue la motivación de esta iniciativa y qué observa en el sentir popular?

“La iniciativa surgió de la convicción de que el Estado central ejerce un control excesivo sobre las riquezas naturales de cada territorio. La población manifiesta, con claridad y sin ambigüedades, que el poder central retira los recursos que la naturaleza ofrece a cada región. Los ciudadanos señalan que el carbón se encuentra en el Cesar y en la Guajira, el ferroníquel en Córdoba y el petróleo se localiza en Arauca y en el Catatumbo. En ningún caso estos recursos se hallan en Bogotá. La queja se expresó en términos de injusticia y evidencia que a quienes habitan estos territorios se les sustrae su riqueza, lo que se traduce en pobreza y marginación”.

¿Cuáles son las principales conclusiones, hasta ahora, extraídas de la interacción con diversas regiones del país?

“La interacción me ha permitido constatar que el reclamo no se limita a la región Caribe, sino que se extiende al Pacífico, al Oriente y al Occidente. Esta constatación impulsó la puesta en marcha del proyecto denominado “Causa Colombia”, cuyo objetivo consiste en diagnosticar de manera rigurosa los problemas que afectan a cada región. Se reconoce que quienes viven la problemática están al tanto de forma directa de las posibles soluciones. El diálogo con la ciudadanía resulta indispensable para identificar y enfrentar los desafíos estructurales que afectan a nuestra nación”.

Usted ha vinculado esta experiencia de campo con el ámbito académico, ¿cómo relacionar su prolongada labor en la docencia y el impulso de esta iniciativa de lanzarse a la Presidencia de Colombia?

“Mi vínculo con el medio académico se remonta a más de cuarenta años durante los cuales impartí clases en diversas universidades. La docencia me ofreció la oportunidad de formar generaciones de profesionales con pensamiento crítico y compromiso social. Este bagaje intelectual constituye la base para analizar los problemas nacionales y para generar propuestas de cambio con sustento teórico y práctico. En la actualidad se han organizado encuentros en universidades, como los realizados en Bucaramanga, con el fin de profundizar en el conocimiento de las problemáticas regionales y de acercar la reflexión académica a la experiencia de la ciudadanía”.

En algunos pasajes usted remarca la importancia del legado de los comuneros. ¿Cuál es, desde su perspectiva, el aporte de este movimiento histórico a la solución de los problemas actuales?

“Los comuneros representan un ejemplo histórico de autogestión y capacidad para establecer normas propias en cada territorio. Este movimiento, que se adelantó a la independencia, ofreció soluciones concretas a los problemas de su tiempo y su legado permanece vigente. La experiencia de los comuneros evidencia que la capacidad de definir reglas desde el interior de la comunidad genera alternativas que responden a las necesidades locales y favorecen la justicia social. Su ejemplo inspira la propuesta de un modelo de Estado que reconozca la diversidad y distribuya el poder de manera territorial”.

Hablemos del debate en torno a la Asamblea Constituyente. Usted ha manifestado ser partidario de esta. ¿Qué cambios estructurales exige y qué propuestas específicas respalda en este contexto?

“La Asamblea Constituyente representa el escenario idóneo para implementar cambios institucionales profundos. La Constitución actual presenta falencias evidentes, sobre todo al sostener un modelo de Estado centralista. A pesar de los esfuerzos de descentralización administrativa, el poder se concentra en la capital y las regiones quedan relegadas en la administración de sus recursos naturales. Propongo la instauración de un Estado federal que distribuya el poder de forma territorial y permita que cada región disponga de sus propias autoridades, recursos y normas. Este modelo promueve el desarrollo equitativo del centro y la periferia, amplía la democracia política y económica, y posibilita que las decisiones se tomen desde el interior de cada comunidad, basándose en la realidad local”.

Para usted como constitucionalista, y según su análisis, ¿qué aspectos de la Constitución vigente requieren una reforma urgente?

“La Constitución actual mantiene un modelo centralista que, pese a procesos de descentralización, conserva rasgos propios del feudalismo. La concentración del poder en Bogotá genera una desconexión entre el gobierno central y las necesidades reales de las regiones. Es imperativo que cada territorio obtenga la facultad de gestionar sus recursos y definir sus normas sin la interferencia de un poder central distante. Eso es “Causa Colombia”. Además, la Carta debe incorporar mecanismos que impidan la injerencia de intereses particulares en la toma de decisiones, que se garantice que el financiamiento político se efectúe de forma transparente y en favor del interés general”.

Para sustentar su postura, ¿cuál sistema actual ilustra la eficacia del modelo federal en la gestión de temas críticos?

“Un ejemplo contundente se observa en Estados Unidos. Ante la decisión del presidente de abandonar el Acuerdo de París, diversos gobernadores y alcaldes optaron por mantener el compromiso con la protección ambiental en sus respectivas jurisdicciones. Esta decisión se fundamentó en la autonomía que ofrece el modelo federal, lo que permitió que cada territorio actúe conforme a sus intereses y necesidades. El caso demuestra que, en contextos de alta diversidad, la descentralización posibilita la adopción de medidas acertadas y adecuadas a la realidad de cada región”.

La reforma política es otro tema de debate permanente en el país. ¿Cuál es su análisis sobre el estancamiento que se observa en el Congreso respecto a este asunto?

“El estancamiento en la reforma política se debe, en gran medida, a que los integrantes del Congreso se benefician del actual sistema. Este beneficio perpetúa un statu quo que resulta perjudicial para el cambio. Los congresistas han mostrado resistencia a modificar un sistema que les resulta favorable, lo que impide la instauración de mecanismos que permitan separar el financiamiento privado de la gestión pública. La falta de transparencia en el financiamiento político afecta la credibilidad de los gobernantes y dificulta la implementación de reformas que aseguren que las decisiones se orienten al bien común, sin el influjo de recursos ilícitos o de intereses particulares”.

En ese sentido, ¿de qué manera afecta la financiación a la credibilidad de los dirigentes y qué propuestas plantea para revertir esta situación?

“La credibilidad de los dirigentes se ve seriamente afectada cuando se detecta que el financiamiento proviene de fuentes cuestionables o de grupos económicos que buscan beneficios particulares. Este tipo de financiamiento genera conflictos de interés y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Resulta necesario establecer mecanismos claros y rigurosos que aseguren la transparencia en la financiación política, de modo que el origen de los recursos esté sujeto a un control efectivo. La propuesta consiste en separar de forma inequívoca el financiamiento privado de la función pública, garantizando que los gobernantes actúen siempre en función del interés general”.

Usted ha sido docente e investigador durante décadas. ¿Cómo relaciona su experiencia académica con la necesidad de transformar el modelo de Estado en Colombia?

“Mi experiencia en la universidad me ha permitido observar de cerca las inquietudes de las nuevas generaciones y el potencial de la educación para transformar la realidad. La labor docente contribuyó a formar profesionales críticos y comprometidos con la búsqueda de soluciones a problemas estructurales. Este bagaje intelectual respalda la convicción de que la transformación del modelo de Estado es necesaria para alcanzar una sociedad más justa. La propuesta de un Estado federal se ajusta a esa visión, pues reconoce la diversidad territorial y otorga a cada comunidad la posibilidad de gestionar sus recursos y definir sus normas. La educación y el conocimiento constituyen herramientas esenciales para impulsar cambios que beneficien a la población”.

Finalmente, ¿qué mensaje desea transmitir a la ciudadanía que clama por una transformación en el modelo de gobernanza del país?

“El mensaje es inequívoco y contundente. La transformación del Estado no puede postergarse. La concentración del poder en la capital ha generado desigualdades profundas que se traducen en pobreza y marginación en las regiones. Es imperativo que cada territorio asuma el control de sus recursos y que la toma de decisiones se acerque al pueblo. La propuesta de un Estado federal constituye la vía para alcanzar una verdadera equidad, en la que tanto el centro como la periferia disfruten de oportunidades de desarrollo. La ciudadanía debe ejercer su derecho a participar en la construcción de un Estado que responda a sus necesidades y defienda el interés general, que deje lado intereses particulares que han marcado la historia política del país”.

¿Es utópico pensar que la transformación institucional que promueve representa la solución a los problemas estructurales que aquejan a Colombia?

“La transformación institucional que propongo no es una utopía; representa una solución tangible a problemas históricos. El modelo centralista ha generado desequilibrios que han perdurado por demasiado tiempo. La distribución del poder y de los recursos debe realizarse de forma que cada territorio disponga de la autonomía necesaria para administrar su riqueza natural y definir sus prioridades. La reforma política y la instauración de un Estado federal resultan medidas imprescindibles para erradicar prácticas que han favorecido intereses particulares y para consolidar un sistema en el que el interés general prevalezca. La experiencia acumulada en la Corte Constitucional y en el ámbito académico respalda la viabilidad de estas propuestas”.