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Justicia argentina reabre caso contra Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad

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Resumen

Argentina reabre una investigación contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por supuestos crímenes de lesa humanidad, apelando al principio de jurisdicción universal. La denuncia, vinculada a protestas violentas en 2014, fue presentada por una fundación conectada a George Clooney.

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Argentina activa jurisdicción universal contra Maduro por crímenes de lesa humanidad

En un hito judicial sin precedentes, la justicia de Argentina ha decidido reabrir una investigación que podría implicar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios del gobierno de Venezuela, en supuestos crímenes de lesa humanidad. Según documentos judiciales revelados recientemente, el caso fue reactivado apelando al principio de jurisdicción universal.

"La jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de nuestros órganos judiciales se asume para juzgar conductas sistemáticas y generalizadas vinculadas a crímenes de lesa humanidad", han declarado unánimemente tres jueces de la Cámara Federal de Buenos Aires, cuyas palabras han resonado a través de la prensa nacional.

Originalmente, la denuncia fue presentada por una fundación vinculada al actor George Clooney en julio de 2023, focalizando en episodios violentos durante protestas antigubernamentales en Venezuela que tuvieron lugar en 2014. La acusación sostiene que el gobierno liderado por Maduro autorizó el uso de fuerza por parte de seguridad contra manifestantes civiles, según se destaca en la resolución judicial.

En la lista de los acusados figuran prominentes figuras del chavismo, incluyendo al propio Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, su mano derecha dentro de la estructura política. La acusación se extiende asimismo a "todos aquellos identificados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos y actos calificados como de lesa humanidad".

Los demandantes, cuyas identidades no han sido reveladas en los documentos, son víctimas indirectas que alegan la persecución y asesinato de sus parientes, hechos que trascienden las fronteras nacionales y que, conforme a los jueces, justifican la intervención de la justicia argentina bajo el principio de jurisdicción universal.

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