La casa sucia de Nariño

Por: Felipe Rodríguez Espinel

Gustavo Petro llegó al poder prometiendo que su gobierno sería la ruptura moral con la vieja política. Se va dejando un expediente que desmiente esa promesa punto por punto. No es un escándalo aislado, ni una mala racha de prensa, es un patrón que atraviesa todo el mandato, desde la financiación misma de la campaña que lo llevó a la Presidencia hasta los últimos diez días de su gobierno.

El caso más grave, el de la UNGRD, ya tiene condenas de cárcel, congresistas presos y una Contraloría que imputó responsabilidad fiscal por más de 22.000 millones de pesos. No se trata de sospechas, hay sentencias firmes que confirman que se usó una entidad creada para atender emergencias como caja menor política, para comprar votos en el Congreso a cambio de reformas. Ese fue el “gobierno del cambio” operando por dentro.

La propia campaña que llevó a Petro al poder tampoco resistió el escrutinio. El CNE sancionó por primera vez en la historia colombiana a una candidatura presidencial ganadora, tras comprobar financiación prohibida, manipulación contable y omisión de reportes por más de 3.500 millones de pesos. El hijo del propio presidente, Nicolás Petro, enfrenta juicio por lavado de activos con dinero que, según la Fiscalía, salió de un narcotraficante extraditado. Y los audios entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, filtrados desde 2023 y todavía activos en la Fiscalía, dejaron flotando una pregunta que el Gobierno nunca respondió con claridad: ¿de dónde salió realmente la plata de la Costa?

Lo más indignante, sin embargo, no son los casos heredados de 2022 o 2024. Es lo que pasó en las últimas semanas, cuando ya no había margen para alegar aprendizaje ni inexperiencia. Juliana Guerrero, defendida por Petro hasta el final pese a haber falsificado títulos universitarios, hoy es investigada por liderar una presunta red de coimas junto a su hermana. Una estudiante de 19 años sin experiencia terminó señalada de mover un contrato de 12.000 millones de pesos en la Aerocivil, con media familia contratada a su alrededor. Y Angie Rodríguez, que fue directora del Dapre y mano derecha del presidente, terminó denunciando al propio Petro ante la Comisión de Acusación por presuntas presiones para mover un billón de pesos sin justificación técnica, dos días antes de ser destituida.

Ese es el verdadero legado. Un presidente que hizo de la anticorrupción su bandera y que termina defendiendo hasta el último día a las mismas figuras que sus propios funcionarios señalan de corrupción. No hubo depuración ni autocrítica; hubo blindaje. Petro pasa la página del poder dejando tribunales llenos, un partido sancionado y una Casa de Nariño que él mismo prometió limpiar y que entrega, según todas las evidencias reunidas por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, más sucia de lo que la encontró.

Nota: los procesos mencionados se encuentran en distintas etapas judiciales desde indagación hasta condena en firme y las personas señaladas gozan de presunción de inocencia mientras no exista sentencia ejecutoriada en su contra.