¿La Contraloría municipal moverá sus fichas?

Uno de los mayores problemas de la alcaldía de Bucaramanga, son los procesos de contratación al interior de la Secretaría de Infraestructura, donde por ejemplo, en el contrato de modernización del alumbrado público por más de 20 mil millones de pesos, terminaron reconociendo que el plazo del proceso licitatorio fue deliberadamente falso.

Por: Oscar Jahir Hernández Rugeles

Nadie entiende cómo contratan una obra que requiere una perforación de 861 metros lineales, la construcción de 4 subestaciones subterráneas, el tendido de más de 60.000 ML de redes, la instalación de 1.023 luminarias, 713 postes, 697 cajas de inspección y demoliciones de más de 1.400 m³ en tres corredores viales activos, para que alguien lo haga en 80 días y que aparte de eso, le dejen el rubro de imprevistos en cero pesos, con lo cual se aseguran poder acomodar todos los adicionales contractuales que quieran..

Las trampas que usan son tan evidentes y contradicen tanto los principios de planeación, que se hace necesario la aplicación por parte de la Contraloría municipal de Bucaramanga, en el marco de sus investigaciones fiscales, el principio constitucional de verdad sabida y buena fe guardada, para suspender de forma inmediata los funcionarios públicos que estén involucrados en estas falsedades.

Dicha figura no se trata de una destitución ni de una sanción definitiva. Es una medida cautelar prevista en el artículo 268, numeral 8, de la Constitución, y desarrollada por la Corte Constitucional en sentencias como la C-603 de 2000 y la T-416 de 2016, en donde el contralor, dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, le exige al alcalde —y la palabra "exige" es vinculante, no es solicitud— separar del cargo a los funcionarios investigados mientras avanza la indagación, para que su permanencia no siga comprometiendo el patrimonio público.

Ante esta situación, el alcalde no puede negarse, modificar ni aplazar la decisión. No sería la primera vez que la Contraloría de Bucaramanga acuda a esta figura, pues bien vale la pena recordar que fue usada en el 2016 contra la entonces gerente de Metrolínea y en 2018 contra el gerente de la EMAB, dos casos donde los jueces de tutela respaldaron en su momento al ente de control. Pero en esta ocasión el contexto es mucho más grave, porque no existe el ambiente de revancha política que se observaba para esa época con Rodolfo Hernández.

Lo que se vive hoy en día es una preocupación generalizada frente a los procesos de contratación que se están llevando a cabo en la ciudad, de los cuales la administración pública sigue sin dar explicaciones que apacigüen el ambiente.

Y si la apuesta es por conseguir la verdad y no por el espectáculo, la contraloría podría aplicarla de igual forma en el Isabu, la Dirección de Tránsito y estudiar muy bien si puede salvar a Neomundo de la corrupción que allí se vive. Esa será la prueba de que el control fiscal en Bucaramanga todavía sirve para algo.