Resumen
Desde el 1 de junio, la facturación electrónica es obligatoria para la mayoría de comercios en Colombia. Este cambio afecta a más del 95% del ecosistema empresarial colombiano, pero aproximadamente el 65% aún presenta irregularidades en su emisión.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Comercio nacional tiene que sintonizarse con la Dian
Desde el pasado 1 de junio, la facturación electrónica se volvió obligatoria para un amplio grupo de comercios en Colombia. Tiendas de barrio, restaurantes y demás declarantes del impuesto sobre la renta que no tengan la calidad de grandes contribuyentes ahora deben emitir sus comprobantes en formato electrónico.
Este cambio afecta a más del 95% del ecosistema empresarial colombiano, compuesto principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
Sin embargo, según estudios de la firma Alegra, un proveedor de soluciones en la nube para empresas, el 65% de estos comerciantes aún presentan irregularidades al emitir comprobantes electrónicos.
Dentro de los beneficios están la reducción de costos, mayor seguridad y facilidad porque las facturas electrónicas pueden ser consultadas y almacenadas de forma digital y de forma segura.
Apoyo y capacitación
Así mismo, las empresas que no cumplan con la obligación de emitir facturas electrónicas se exponen a sanciones como multas, cierre temporal o definitivo del negocio y dificultad de contratar con el Estado.
Este no es el fin de la factura en papel porque esta aún podrá ser utilizada en algunos casos específicos, como para ventas ocasionales a consumidores finales no registrados en el RUT. Sin embargo, la tendencia es hacia la eliminación gradual de la factura de papel.
Si bien algunos comerciantes aún presentan dificultades para implementar la factura electrónica, el gobierno colombiano ha brindado apoyo y capacitación para facilitar la transición.
En definitiva, la facturación electrónica representa un paso importante hacia la modernización del sistema tributario en Colombia y la formalización de la economía. Con el apoyo del gobierno y el sector privado, se espera que esta medida tenga un impacto positivo en la competitividad y transparencia del país.
