La JEP condena a cinco militares por falsos positivos en Antioquia: deberán reparar caminos, buscar desaparecidos y hacer desminado

La sentencia reconoce su responsabilidad en 18 hechos que dejaron 35 víctimas entre 2002 y 2006. Los antiguos integrantes de la fuerza pública recibieron sanciones de hasta seis años y seis meses, con restricciones efectivas de sus derechos y obligaciones restaurativas en diez municipios y otras zonas de Antioquia.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió una sentencia histórica contra cinco antiguos integrantes de la fuerza pública, declarados máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron presentados falsamente como bajas en combate en Dabeiba y otros municipios del noroccidente de Antioquia. Los crímenes ocurrieron entre 2002 y 2006 y dejaron 35 víctimas directas en 18 hechos documentados por la justicia transicional.

La decisión impone Sanciones Propias a tres oficiales y dos suboficiales que reconocieron su responsabilidad y aportaron información sobre los crímenes. No se trata de penas ordinarias de prisión, pero tampoco de una absolución ni de una simple sanción simbólica: deberán cumplir restricciones efectivas de derechos y libertades, someterse a supervisión judicial y participar en nueve proyectos restaurativos dirigidos a reparar, en lo posible, los daños ocasionados a las víctimas y a las comunidades.

La sentencia vuelve a poner sobre la mesa uno de los capítulos más atroces de los llamados falsos positivos: la utilización de civiles asesinados para fabricar resultados operacionales, alimentar estadísticas militares y ocultar crímenes mediante la desaparición de los cuerpos.

La JEP estableció que en estos hechos participaron integrantes del Batallón de Contraguerrillas No. 79 y del Batallón de Contraguerrillas No. 26. Las responsabilidades alcanzaron a mandos que tuvieron funciones de dirección y conducción de operaciones militares.

Los sancionados son el mayor Edie Pinzón Turcios, condenado a seis años y dos días; el capitán Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, a seis años y seis meses; el mayor Efraín Enrique Prada Correa, a seis años, seis meses y diez días; el sargento segundo y posteriormente sargento viceprimero Jaime Coral Trujillo, a cinco años, seis meses y diez días; y el cabo primero, posteriormente sargento segundo, William Andrés Capera Vargas, a cinco años, ocho meses y 25 días.

La JEP los declaró responsables de delitos de desaparición forzada y asesinato, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, así como de homicidio en persona protegida, considerado crimen de guerra.

Tres formas de fabricar falsos positivos

La investigación identificó tres patrones criminales que permiten comprender cómo operó esta maquinaria de muerte en el noroccidente antioqueño.

El primero consistió en asesinar a campesinos de la región, señalados de manera prejuiciosa de tener vínculos con la insurgencia. Estos crímenes ocurrieron en un contexto en el que, según la investigación de la JEP, existieron alianzas entre agentes estatales y grupos paramilitares.

El segundo patrón fue el traslado de personas ajenas a los territorios, engañadas en lugares como Turbo y Medellín, para posteriormente asesinarlas y presentarlas como resultados de operaciones militares.

El tercero estuvo relacionado con la desaparición forzada de las víctimas. Sus cuerpos eran ocultados y enterrados en cementerios municipales, particularmente en el de Las Mercedes, en Dabeiba, y en el cementerio de Ituango. De esta manera, además de arrebatarles la vida, se buscaba borrar sus rastros y prolongar la incertidumbre de sus familias.

Uno de los resultados más significativos de los aportes de verdad de los comparecientes fue la recuperación de 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. De ellos, 18 han sido identificados y 17 entregados dignamente a sus familiares.

Detrás de esas cifras hay familias que durante años buscaron a sus seres queridos sin saber dónde estaban, qué había ocurrido con ellos o quiénes eran los responsables. La identificación y entrega de los cuerpos constituye uno de los avances más concretos del proceso, aunque todavía quedan personas desaparecidas por encontrar.

No basta con reconocer los crímenes: ahora deberán reparar

La sentencia ordena desarrollar nueve proyectos restaurativos que se ejecutarán en diferentes municipios de Antioquia entre diciembre de 2026 y octubre de 2034. Las iniciativas fueron priorizadas junto con las víctimas y buscan que las sanciones se traduzcan en obras y acciones verificables para las comunidades.

Entre los compromisos está el mejoramiento de caminos rurales en Dabeiba, Turbo, Carepa, Ituango, Frontino, Mutatá, Cañasgordas, Apartadó, Chigorodó y Buriticá. También se contempla la reconstrucción de puentes sobre el río Sucio, en Dabeiba, con el propósito de recuperar la movilidad y la conectividad de las poblaciones afectadas.

Otro de los proyectos contempla el desminado humanitario en Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo, entre enero y diciembre de 2027. La intervención busca recuperar espacios afectados por minas antipersonal y devolver condiciones de seguridad a las comunidades.

La reparación también tendrá un componente de memoria. Se instalarán murales, intervenciones artísticas y dispositivos conmemorativos en Dabeiba, Ituango, Carepa, Turbo y Medellín. Además, se desarrollará una campaña para recuperar el buen nombre de las víctimas y combatir los estigmas que durante años afectaron a sus familias y territorios.

Uno de los lugares centrales de las intervenciones será el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, donde se adelantará un proyecto integral entre 2028 y 2034. Allí se desarrollarán acciones relacionadas con la memoria, la dignificación de las víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas.

La sentencia también incluye iniciativas productivas para víctimas en municipios como Cañasgordas, Dabeiba, Medellín, Ituango, Carepa, Itagüí, Montebello, Apartadó, Bello, Frontino, Mutatá y Puerto Nare. A esto se suman nuevas acciones de búsqueda de desaparecidos en las regiones de Urabá y Occidente de Antioquia y en el área metropolitana de Medellín.

La Terminal de Transportes del Norte de Medellín también será objeto de una intervención restaurativa. La JEP identificó este lugar como escenario de reclutamiento mediante engaños de personas que posteriormente fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate.

Restricciones y vigilancia judicial

Los cinco comparecientes deberán desarrollar las actividades restaurativas de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, con una hora de almuerzo. Los horarios podrán modificarse por quien supervise las obras, cuando las condiciones del servicio o circunstancias como el clima lo hagan necesario.

También tendrán que desplazarse desde sus lugares de residencia hasta los sitios de ejecución de los proyectos, respetando las condiciones fijadas en la sentencia. Cualquier salida por fuera de su residencia o del área autorizada para las actividades deberá contar con permiso judicial.

El cumplimiento de estas obligaciones será objeto de seguimiento. La efectividad de la sanción dependerá, por tanto, de que las restricciones se respeten y de que las obras y proyectos se ejecuten realmente, con participación de las comunidades y resultados verificables.

“La sanción propia no es impunidad”

Durante la lectura de la sentencia, el magistrado ponente Juan Ramón Martínez Vargas calificó la decisión como una respuesta judicial histórica frente a la tragedia humana vivida en esta región. Destacó que el fallo no habría sido posible sin la memoria y el trabajo de las víctimas, las comunidades y los aportes de verdad de los comparecientes.

El magistrado defendió el alcance de las Sanciones Propias y recordó que forman parte del modelo de justicia transicional establecido en el Acuerdo de Paz. “La Sanción Propia no es impunidad”, afirmó, al explicar que contempla restricciones de derechos y obligaciones restaurativas bajo control judicial.

La vicepresidenta de la JEP, magistrada Diana Vega Laguna, sostuvo que en Dabeiba la verdad permitió conocer lo ocurrido, el reconocimiento obligó a asumir responsabilidades y los proyectos restaurativos abren ahora una etapa de cumplimiento junto a las víctimas y los territorios.

Desde la perspectiva de las familias, el fallo representa mucho más que una decisión judicial. Es el reconocimiento oficial de historias que durante años fueron negadas o distorsionadas. Esneda Altamirano, tía de Jhon Jarvi Cañas Cano, una de las víctimas, señaló que la sentencia reconoce los daños sufridos y las voces de quienes padecieron estos crímenes.

El desafío, sin embargo, apenas comienza. La JEP ya estableció responsabilidades y fijó obligaciones, pero el verdadero alcance de la decisión se medirá en los próximos años: en los desaparecidos que puedan ser encontrados, en las familias que recuperen los restos de sus seres queridos, en los caminos y puentes reconstruidos y en la capacidad de devolverles dignidad a comunidades que fueron golpeadas por la violencia y la estigmatización.

La sentencia busca que quienes participaron en estos crímenes no se limiten a reconocerlos ante un tribunal, sino que contribuyan materialmente a reparar parte del daño que dejaron. Para las víctimas, la justicia solo estará completa cuando esos compromisos salgan del papel y se conviertan en transformaciones reales en sus territorios.