La Procuraduría estableció que durante el proceso contractual, por cerca de $550 millones, se presentaron manipulaciones y alteraciones en las ofertas económicas. La exsecretaria General y de Gobierno también fue sancionada.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por nueve años a Lina María Alfonso Rojas, exalcaldesa de Betulia, Santander, por irregularidades en una licitación pública adelantada en 2021 para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del municipio. En la misma decisión, el organismo de control sancionó a Sonia León Núñez, quien se desempeñaba como secretaria General y de Gobierno, con suspensión por tres meses, convertida en multa debido a que ya no ocupa el cargo.

Según el fallo de primera instancia, la investigación disciplinaria permitió establecer que durante la etapa precontractual de la convocatoria, correspondiente al programa nacional Colombia Rural, se presentó manipulación y alteración de las ofertas económicas entregadas por los proponentes. El proceso tenía un valor de $549.999.973.

La Procuraduría calificó la conducta atribuida a Alfonso Rojas como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. En el caso de León Núñez, determinó una falta grave, también a título de culpa gravísima, al establecer que omitió sus deberes de custodia y cuidado de los sobres que contenían las propuestas de los participantes y sus respectivos documentos contractuales.

La decisión representa una nueva actuación disciplinaria relacionada con la administración municipal de Betulia y pone bajo escrutinio la transparencia de los procedimientos mediante los cuales se adjudican recursos públicos destinados a mejorar la infraestructura rural.

El contrato investigado estaba vinculado a Colombia Rural, programa impulsado por el Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), orientado al mejoramiento y mantenimiento de corredores rurales para facilitar la conexión de las comunidades con centros de producción, comercialización, educación y atención en salud.

La importancia de estos proyectos para municipios como Betulia radica en que el estado de las vías terciarias incide directamente en el transporte de productos agropecuarios, los costos de movilización y el acceso de las comunidades rurales a servicios esenciales. Por ello, la transparencia en la selección de los contratistas resulta determinante para garantizar que los recursos se asignen bajo condiciones de igualdad y competencia.

En este caso, la controversia disciplinaria se concentra en la etapa de selección de los oferentes y en la presunta alteración de sus propuestas económicas. La custodia de los documentos de cada participante constituye una garantía básica del proceso licitatorio, pues permite preservar la integridad de las ofertas y evitar manipulaciones que puedan afectar la igualdad entre quienes aspiran a ejecutar una obra pública.

Debido a que las dos exfuncionarias ya no están en ejercicio de sus cargos, la suspensión de tres meses impuesta a León Núñez se convertirá en una multa equivalente a los salarios mensuales que devengaba cuando ocurrieron los hechos.