Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El pasado 2 de septiembre advertimos que 10 millones de personas podrían quedar sin el servicio de energía en diferentes regiones del país. Hoy la Contraloría General de la República reitera su preocupación ante la gravedad de la situación que se sigue evidenciando en la prestación de este servicio público, considerando los diferentes estudios y análisis realizados por este ente de control y lo que expresan distintas empresas prestadoras de servicios, que han tenido dificultades para que se les gire lo que corresponde a la opción tarifaria y subsidios por parte del Estado y al pago de facturas por parte de algunas entidades estatales que les adeudan una cartera considerable.
Por Carlos Hernán Rodríguez Becerra - Contralor General de la República
Como lo hemos venido advirtiendo, si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios, el desarrollo económico del país, en especial en toda la Costa Caribe y por ende, los ingresos al presupuesto nacional derivados de diferentes conceptos.
La situación es grave y no vemos medidas concretas, oportunas y efectivas para solventar lo descrito, tan es así que hoy AIRE, empresa que presta el servicio de energía en una parte importante de la Costa Atlántica, está en proceso de intervención, lo que se puede presentar en otras empresas como el caso de AFINIA, que tiene un número de usuarios significativo en la Costa Atlántica, y que al perjudicarse financieramente, afectaría además a otras empresas como EPM y las finanzas del Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia.
Es importante tener presente que una intervención implica no solo el conocimiento técnico, financiero de la operación sino disponer de recursos del presupuesto nacional. Una nueva intervención a otra empresa le podría costar al gobierno nacional $4 billones al año, que corresponde al déficit de operación por ejemplo de las dos compañías AIRE y AFINIA, para solventar no solo su operación sino también las inversiones y garantizar la atención de la demanda con los niveles de calidad y confiabilidad necesarios.
Por los anuncios que hemos visto en los últimos días, la Nación no cuenta con los recursos necesarios, prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios y el no cumplimiento de su compromiso de asumir la deuda de los usuarios de energía eléctrica a través de la opción tarifaria, lo cual requiere que se tomen medidas para garantizar la prestación del servicio público que, en últimas, corresponde a una de las finalidades de nuestro Estado.
El acceso a los servicios públicos es uno de los indicadores de desarrollo, de equidad y de disminución de pobreza, luego se debe actuar para garantizar la prestación del servicio a los usuarios y dar garantías a los operadores y prestadores.
La posible intervención de las compañías puede darse no solo en la Región Caribe, sino a nivel nacional y comprende, además un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la Costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto comporta.
El no pago oportuno a los prestadores del servicio, desincentiva la prestación del servicio de energía, así como en lo que compete al Caribe Colombiano, pone en riesgo importantes avances en lo que corresponde a la calidad del servicio de energía y cobertura como ya lo había manifestado la Contraloría General de la República en recientes y anteriores pronunciamientos y estudios sectoriales.
En el marco de las competencias asignadas por la Constitución Política de Colombia, el Contralor General de la República reitera el llamado urgente a los ministerios, superintendencias involucradas y al gobierno nacional, como garante de satisfacer las necesidades más esenciales de la población y propender por el bienestar general, para que se adopten las medidas que el marco regulatorio dispone, en orden a prevenir y solventar las afectaciones en la prestación del servicio público y evitar el riesgo sistémico que se cierne sobre el sistema a nivel nacional.
