La obra está suspendida desde abril, el contratista buscaría reducir al 55 % el área aprobada y habría un posible requerimiento de $10.000 millones adicionales. Una veeduría ciudadana encendió las alarmas y llevó sus denuncias ante organismos de control y la Fiscalía.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La construcción del Hospital San José de San Andrés (Santander) enfrenta una crisis que amenaza con convertir una obra fundamental para la salud de los habitantes en un dolor de cabeza para el municipio. La suspensión de los trabajos, las dudas sobre la ejecución del proyecto y las presuntas irregularidades denunciadas por una veeduría ciudadana ponen bajo la lupa el futuro de la infraestructura hospitalaria.

La alerta fue lanzada por la Veeduría Integral Pública Sanandreseña, que advirtió sobre el estado crítico de la obra de reposición total del centro asistencial y exigió respuestas frente a lo que considera una situación que compromete el derecho de la comunidad a recibir servicios de salud en condiciones dignas.

Uno de los puntos más preocupantes de la denuncia es que los trabajos permanecen suspendidos desde el 30 de abril de 2026, sin que, según la veeduría, se haya resuelto de fondo la situación que mantiene paralizado el proyecto.

A esta dificultad se suma una controversia sobre el alcance de la construcción. De acuerdo con el comunicado, el contratista estaría exigiendo la firma de una modificación contractual para reducir la obra al 55 % del área inicialmente aprobada.

La denuncia también advierte sobre un desfase financiero y físico, así como la posibilidad de que se soliciten $10.000 millones adicionales para sacar adelante el proyecto.

Procesos en marcha

El caso también tiene un frente judicial. La veeduría señala que, dentro de la acción popular identificada con el radicado 2026-0307, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó instalar una mesa técnica permanente y establecer un control fiscal preventivo por parte de la Contraloría.

Sin embargo, según el comunicado, la mesa técnica solo se instaló el 22 de septiembre de 2026, es decir, 92 días después de la orden judicial y el mismo día en que vencía el plazo establecido.

El retraso denunciado abre nuevos interrogantes sobre la coordinación institucional y la capacidad de las autoridades para hacer seguimiento oportuno a una obra de tanta importancia para el municipio.

La veeduría sostiene que la instalación de esta instancia no puede convertirse en un simple trámite administrativo, sino que debe traducirse en decisiones concretas, cronogramas verificables y garantías para la terminación integral del hospital.

La denuncia ciudadana va más allá de la suspensión de los trabajos y los posibles sobrecostos pues también señala presuntas inconsistencias en la habilitación del contratista y de la interventoría.

Entre los aspectos cuestionados estarían la experiencia acreditada, que presuntamente no correspondería a la construcción de hospitales nuevos, y diferencias entre los perfiles de los profesionales ofertados y los que habrían sido dispuestos para el proyecto.

Estos señalamientos deberán ser examinados por los organismos competentes para establecer si existieron incumplimientos contractuales o irregularidades en los procesos de selección y ejecución.