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¿La última jugada? Petro publica demanda para tumbar a De la Espriella

Petro publicó una demanda de nulidad electoral contra la elección de De la Espriella y Restrepo, basada en una supuesta “inverificabilidad estructural” del proceso.

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El presidente saliente Gustavo Petro hizo pública a través de sus redes sociales una demanda de nulidad electoral con la que busca dejar sin efecto la elección de la fórmula presidencial integrada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para el periodo 2026-2030.

El recurso, de 61 páginas, fue radicado ante la Sección Quinta del Consejo de Estado por un grupo de ciudadanos denominados "testigos digitales".

El aspecto más llamativo del documento es que, a diferencia de las reiteradas denuncias públicas del mandatario, la acción jurídica no sostiene la existencia de un fraude electoral. En su lugar, la pretensión central se fundamenta en una presunta "inverificabilidad estructural" del proceso y en la exigencia de un nuevo escrutinio.

De la acusación de fraude a la "inverificabilidad estructural"

En el texto radicado ante el alto tribunal, los demandantes aclaran de manera explícita que no afirman una alteración directa de los votos, sino que el sistema de la Registraduría cayó en una "zona de oscuridad probatoria".

Según los accionantes, la entidad habría degradado los controles de identificación y trazabilidad digital de los formularios E-14 en comparación con los estándares de 2022, lo que impediría verificar racionalmente los resultados.

A pesar de no acusar fraude directamente, el recurso plantea una serie de hipótesis sobre supuestas anomalías:

  • Tiempos de transmisión: Califican como "imposibles" la publicación del 20 % de las mesas tan solo 7 minutos después del cierre de urnas (4:07 p.m.).
  • Comportamiento estadístico: Cuestionan que las diferencias entre candidatos se mantuvieran constantes entre el 1 % y el 2 % durante casi todo el preconteo.
  • Creación de mesas: Insisten en la supuesta habilitación previa de 5.000 mesas nuevas donde la oposición no habría tenido testigos.

Frente a estas imputaciones, la Registraduría Nacional ha reiterado en distintas ocasiones que las revisiones técnicas no arrojaron irregularidad alguna y que las plataformas han permanecido abiertas a auditorías externas. Asimismo, informes de inteligencia del Estado no han hallado pruebas que respalden los señalamientos de fraude.

Las pretensiones planteadas ante el Consejo de Estado

La acción contencioso-administrativa busca que la justicia electoral ordene medidas de fondo sobre los comicios del pasado 21 de junio:

  1. Anulación del acto de elección: Dejar sin efecto la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
  2. Invalidación de actas: Tumbar los formularios E-14, E-24 y E-26 correspondientes a la segunda vuelta presidencial.
  3. Revisión y auditoría: Ordenar un nuevo escrutinio o una verificación técnica judicial sobre los puestos de votación cuestionados.
  4. Entrega de soporte técnico: Exigir al CNE y a la Registraduría la entrega de registros de actividad (logs), huellas hash y trazabilidad de los archivos digitales publicados.

El recurso se encuentra en manos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, corporación que semanas atrás ya había inadmitido una acción similar contra la elección del presidente electo De la Espriella.