La velocidad de la indignación

Vivimos en una sociedad cada vez más acelerada. Todo ocurre en tiempo real. Las noticias llegan al instante, las opiniones se forman en minutos y las redes sociales han convertido a cada ciudadano en reportero, comentarista y, muchas veces, en juez.

Por: Wilson Ruiz Orejuela

No cabe duda de que las plataformas digitales han traído enormes beneficios. Han permitido denunciar injusticias, exponer abusos y visibilizar situaciones que antes permanecían ocultas. Gracias a ellas, muchas víctimas han encontrado una voz y muchas autoridades se han visto obligadas a actuar frente a hechos que de otra manera habrían pasado desapercibidos.

Pero esa misma velocidad que permite informar también puede convertirse en un riesgo. Hoy una acusación puede recorrer el país entero en cuestión de minutos. Una fotografía, un video o un relato parcial pueden desencadenar una ola de indignación colectiva capaz de destruir la reputación de una persona antes de que exista una investigación completa.

Y es aquí donde debemos hacer una reflexión incómoda pero necesaria. Los colombianos estamos cansados. Cansados de conocer casos de violencia contra menores. Cansados de escuchar historias de abuso, explotación y maltrato infantil. Cansados de ver cómo demasiados niños terminan siendo víctimas de criminales que merecen todo el peso de la ley. Ese cansancio colectivo explica por qué reaccionamos con tanta fuerza cuando creemos que un menor puede estar en peligro.

Esta semana ocurrió precisamente algo que ilustra esa realidad. El caso del ciudadano extranjero señalado de un presunto abuso contra un menor en el norte de Bogotá provocó una reacción inmediata en las redes sociales. Millones de personas vieron las imágenes y construyeron una conclusión casi instantánea. Muchos, probablemente, nos dejamos llevar por la indignación del momento. Y es comprensible. Cuando se trata de niños, las emociones suelen imponerse sobre cualquier otra consideración.

Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a aparecer testimonios, versiones y elementos que obligaron a revisar lo que inicialmente se había dado por cierto. Más allá de cuál sea el resultado final de la investigación, el episodio deja una lección importante: del afán solo queda el cansancio.

Las redes sociales no tienen jueces, no tienen fiscales y no tienen garantías procesales. En ellas no existe la presunción de inocencia ni el derecho a la defensa. Existe, en cambio, una poderosa capacidad para amplificar emociones. Y cuando la emoción colectiva sustituye a la evidencia, el riesgo de cometer injusticias se vuelve enorme.

La ciudadanía debe permanecer alerta. Debe denunciar cualquier hecho sospechoso y exigir respuestas inmediatas de las autoridades. Pero denunciar no es condenar. La protección de los niños exige firmeza, pero también exige responsabilidad. De lo contrario, terminaremos reemplazando la justicia por la viralidad.

Quizás el mayor reto de esta época sea encontrar el equilibrio entre la legítima indignación y la prudencia. Porque una sociedad que guarda silencio frente a los abusos fracasa moralmente. Pero una sociedad que condena sin pruebas también corre el riesgo de fracasar en la defensa de la justicia.

Los colombianos tenemos razones de sobra para estar indignados frente a quienes les hacen daño a nuestros niños. Lo que no podemos permitir es que esa indignación nos lleve a renunciar a un principio fundamental: la verdad debe ser establecida por los hechos y las pruebas, no por la velocidad con la que circula una publicación en redes sociales.