La violencia continúa acechando a los defensores de derechos humanos
La violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia continúa a pesar del Acuerdo de Paz de 2016, con 87 muertes hasta junio de 2024. La Procuradora General lanzará el Índice de Prevención del Riesgo de Amenazas para monitorear la respuesta institucional.
La violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia continúa a pesar del Acuerdo de Paz de 2016, con 87 muertes hasta junio de 2024. La Procuradora General lanzará el Índice de Prevención del Riesgo de Amenazas para monitorear la respuesta institucional.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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La situación sigue siendo alarmante para los defensores, líderes y activistas de derechos humanos en el país y reflejo de ello es el número de 87 vidas que, a corte de junio de 2024, cobra la violencia.
Ante las preocupantes cifras, la Procuraduría ha sido reiterativa en los llamados de atención al Gobierno para que brinde las garantías necesarias de protección a los líderes sociales, que continúan denunciando abandono y negligencia por parte de las autoridades nacionales y territoriales en esta materia.
Y aunque en 2016 se firmó el Acuerdo de Paz, la violencia y las amenazas en contra de los defensores de derechos humanos sigue recrudeciendo año tras año en departamentos como Cauca en donde ya son 18 los líderes asesinados. Igual sucede en Antioquia en donde las estadísticas dadas por la Defensoría del Pueblo reseñan 12 muertos, mientras que el Valle del Cauca aporta a la dramática cifra 10 homicidios, seguido por el departamento de Arauca con 8 asesinatos.
Es por esto que la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, el próximo lunes 9 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos, estará lanzando la herramienta IPRA- (Índice de Prevención del Riesgo de Amenazas contra Líderes Sociales) que servirá para conocer la respuesta institucional a los riesgos advertidos sobre los líderes sociales amenazados.
