La violencia organizada merece el repudio de todos los colombianos
La polarización, la deslegitimación electoral y la violencia organizada amenazan la estabilidad democrática en Colombia.
La polarización, la deslegitimación electoral y la violencia organizada amenazan la estabilidad democrática en Colombia.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Para cualquier persona que se mueve en los recovecos de la política, pero que tiene calle y callo, Colombia ha llegado a un punto de inflexión con la fragilidad ceñida al cuello si se piensa en la segunda votación para elegir presidente el próximo domingo en el país.
La confrontación política ha dejado de ser un debate intenso, ahora es lengua rival, sospecha mutua y deslegitimación. Cuando las autoridades insisten en encuadrar al país como un conflicto entre una oligarquía y su pueblo, la propia democracia queda desanclada de su centro, la convivencia queda expuesta a quienes se alimentan del ruido.
La decisión del alto tribunal de Bogotá confirma una verdad incómoda y es que el pasado estallido social no fue una protesta criminal, pero sí representó una oportunidad aprovechada por estructuras criminales armadas que agarraron la oportunidad de penetrar las calles y cooptar el descontento para tomarlo en sus manos como si fuera la legalización de la protesta urbana.
Durante los últimos días se ha hablado de una peligrosa y violenta revuelta en las calles por parte del bando que pierda las elecciones. A esa amenaza se suma un avanzado deterioro institucional marcado por descalificaciones no directas ni con razón del sistema electoral.
No se puede librar una campaña contra las urnas y esperar que la confianza pública se mantenga para siempre. Cuando el voto pierde su poder, el conflicto deja de buscar una salida mediante la vía institucional y busca liberarse en la presión misma: en la rabia y la calle.
El balance de seguridad tampoco da respiro en la medida que un país donde hay proliferación de grupos criminales, y miles de combatientes armados y donde la gobernanza ilegal regula la vida cotidiana de centenares de municipios no es simplemente un caso de orden público.
Es un caso de captura parcial de territorios donde la autoridad del Estado tiene que enfrentarse con poderes armados que ya conocen el costo de imponer la violencia. Por ello, el trayecto que se despeja hacia el 7 de agosto es para la firmeza, la coordinación y la disciplina.
El Presidente tiene el deber constitucional de mantener el orden. Los Gobernadores y los Alcaldes tienen instrumentos legales para vigilar derechos, controlar protestas, activar apoyos y prevenir desbordes.
La Fuerza Pública tiene que actuar con información, inteligencia y respeto estricto por los derechos humanos, ya que si se desborda en sus actuaciones, eso alimenta la propaganda de quienes están empeñados en sustentarse de la violencia para ganar réditos políticos.
La ciudadanía también tiene su responsabilidad ineludible. Votar, aceptar el resultado, no caer en la provocación no es una renuncia a la moral, sino una loable defensa práctica de la República. La violencia organizada merece el repudio. Confundir estos aspectos juega a favor de los actores que proponen cambiar la ley por la violencia.
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