Las cuatro plagas del apocalipsis que estremecen a COLOMBIA

La violencia de los grupos guerrilleros del autodenominado ‘Ejército de Liberación Nacional’ y de las disidencias de las FARC, cuyos jefes se volvieron narcotraficantes y se aferraron al dominio territorial donde someten a las comunidades campesinas, para esclavizarlas y explotarlas, constituye una de las cuatro plagas que están destruyendo a Colombia.

Paralelamente, el fenómeno de la corrupción que se roba miles de millones de pesos al año, a través de las mafias de contrabandistas y de empleados públicos, que hacen parte de un entramado criminal en sectores de la burocracia oficial, especialmente en los puertos de Buenaventura y Tumaco en el océano Pacifico. La picaresca contratista que se apoderó del país a través de las aduanas de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y de las zonas de frontera con Venezuela y Brasil, donde los campesinos deben pagar las ‘vacunas’ que los grupos terroristas les cobran bajo amenaza de muerte.

El tráfico de influencias de la clase parlamentaria, que vende los puestos públicos de las llamadas ‘Unidades Legislativas’ al mejor postor y que ha incursionado en la venta de avales de los directorios políticos para enriquecerse, como ocurrió en el departamento de Santander durante las pasadas elecciones parlamentarias. La venta de ‘cupos indicativos’ en algunas dependencias de la administración central hace parte de la cruda realidad nacional.

La exigencia de coimas en las tres ramas del poder público, donde roban los empleados, donde roban los contratistas con la complicidad de funcionarios deshonestos, directivos de institutos descentralizados, jueces y fiscales, y hasta miembros de la magistratura, que compran y venden sus sentencias. La honradez se acabó en Colombia, donde todo se compra y todo se vende, inclusive las curules del senado de la república, las están vendiendo bajo cualquier pretexto, por los altos sueldos que tienen los senadores y representantes a la Cámara, que quieren enriquecerse a cualquier precio.

La historia de Sodoma y Gomorra se repite en varios escenarios de la vida colombiana, donde cobran hasta el veinte por ciento del presupuesto oficial, que se queda en manos de empleados y contratistas inescrupulosos, como los que hemos visto actuando en la llamada ‘Unidad Nacional para el Control de Desastres’, donde les entregaron cuantiosas sumas de dinero a parlamentarios corruptos, que venden los contratos en vergonzoso maridaje con directores de institutos descentralizados.