Le llegó la hora del juicio por compra de votos al Alcalde de Barrancabermeja
El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, enfrentará audiencia preparatoria por presunta compra de votos y soborno a testigos en la campaña de 2023.
El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, enfrentará audiencia preparatoria por presunta compra de votos y soborno a testigos en la campaña de 2023.
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Jonathan Vásquez Gómez deberá comparecer desde el próximo 23 de noviembre ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja para la audiencia preparatoria del juicio oral. La Fiscalía sostiene que el entonces candidato habría encabezado una estructura que ofrecía dinero, empleos y otros beneficios a cambio de votos en las elecciones de 2023. También investiga presuntos ofrecimientos económicos a testigos para que se retractaran de sus denuncias.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Un nuevo capítulo judicial enfrentará el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stiven Vásquez Gómez, por la investigación penal que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades durante la campaña electoral que lo llevó a la Alcaldía en octubre de 2023.
El próximo lunes 23 de noviembre comenzará la audiencia preparatoria del juicio oral ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja, diligencia que fue programada para desarrollarse durante cinco días. En esta etapa, la Fiscalía y la defensa deberán avanzar en la definición de las pruebas testimoniales, documentales y técnicas que pretenden llevar al juicio.
El proceso tiene como origen las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre una presunta estructura organizada para comprar votos, presionar a electores y garantizar apoyos políticos a favor de Vásquez y otros candidatos de su grupo durante las elecciones territoriales de 2023.
El mandatario, quien obtuvo 71.183 votos y ganó la Alcaldía de Barrancabermeja, deberá responder por cuatro delitos: concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, constreñimiento al sufragante y soborno a testigos en actuación penal. El alcalde no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que será en el desarrollo del proceso donde se determine si existe responsabilidad penal.
La diligencia del 23 de noviembre no significa que ese día se produzca una condena ni que comience necesariamente la práctica de todas las pruebas del juicio. Se trata de una audiencia preparatoria, en la que se define el material probatorio que podrá ser presentado posteriormente ante el juez.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la estructura habría comenzado a organizarse desde junio de 2023, varios meses antes de las elecciones territoriales del 29 de octubre de ese año.
El señalamiento central es que el entonces candidato Jonathan Vásquez habría coordinado, junto con otros dirigentes y colaboradores políticos, un mecanismo para entregar dinero a ciudadanos a cambio de que respaldaran su aspiración a la Alcaldía y las candidaturas de algunos aliados al Concejo municipal.
Los investigadores sostienen que los pagos habrían oscilado entre $100.000 y $150.000 por elector, aunque en las primeras revelaciones oficiales de la investigación se habló principalmente de entregas de $100.000.
La operación, según el expediente conocido públicamente, habría contado con líderes barriales encargados de elaborar listados de potenciales votantes, verificar sus preferencias electorales y coordinar la entrega de los recursos.
Una de las modalidades que más llamó la atención de los investigadores fue la utilización de las denominadas 'casas amigas'. La Fiscalía identificó 17 inmuebles que habrían sido alquilados en las inmediaciones de puestos de votación para facilitar la logística de la presunta compra de sufragios.
En esos lugares se habrían distribuido refrigerios, agua y dinero, mientras se utilizaban fichas de diferentes colores para identificar y controlar a las personas que supuestamente tenían derecho a recibir los pagos.
También se habrían empleado llamadas telefónicas para verificar la intención de voto de los ciudadanos. Según la investigación, un grupo de colaboradores realizaba contactos a través de un supuesto ejercicio de sondeo electoral y clasificaba a quienes manifestaban respaldo a los candidatos de la organización.
La Fiscalía sostiene, además, que algunos electores habrían recibido ofrecimientos de empleos, contratos, materiales de construcción y beneficios educativos para comprometer su apoyo en las urnas.
Fichas de colores, llamadas y casas
amigas: las pruebas de la Fiscalía
Uno de los aspectos más delicados del expediente tiene que ver con los mecanismos que presuntamente se utilizaron para controlar la entrega del dinero y verificar que los ciudadanos cumplieran el compromiso electoral.
Según las revelaciones del escrito de acusación, se habrían utilizado fichas de cartón de diferentes colores, identificadas con expresiones como 'agua', 'refrigerio' e 'incentivo'. Estos elementos servirían para establecer las cantidades que debían recibir los electores y verificar los pagos.
La Fiscalía también relaciona conversaciones de WhatsApp, grabaciones de audio, videos, fotografías de certificados electorales y análisis de dispositivos celulares. El material probatorio incluiría testimonios de más de un centenar de personas que habrían tenido conocimiento de las actividades investigadas.
Uno de los elementos mencionados en las investigaciones es la existencia de un grupo de WhatsApp denominado 'Grupo Campaña Elecciones 2023', en el que presuntamente se coordinaban actividades relacionadas con la movilización de votantes, la entrega de refrigerios y los pagos.
La hipótesis de los investigadores apunta a que el mecanismo no se limitaba a entregar dinero, sino que habría funcionado mediante una distribución de responsabilidades entre coordinadores, líderes comunitarios, colaboradores de campaña y candidatos al Concejo. El Expediente
Investigan presunto
soborno a testigos
El expediente tiene un segundo componente que podría complicar la situación judicial del mandatario: los supuestos ofrecimientos económicos y laborales a personas que habían entregado información a las autoridades.
De acuerdo con la adición al escrito de acusación, después de las elecciones se habrían presentado acercamientos con algunos testigos para conseguir que entregaran las pruebas que tenían en su poder o modificaran sus declaraciones.
Entre los hechos expuestos por la Fiscalía figura un supuesto ofrecimiento de $10 millones en efectivo, acompañado de pagos mensuales por $2 millones o la posibilidad de obtener un contrato en la Personería, a cambio de que uno de los testigos entregara las evidencias que había aportado a la investigación y dejara de declarar.
También se investigan presuntas ofertas de dinero mediante plataformas de transferencia electrónica y posibilidades de contratación pública para que otra persona se retractara de las denuncias que había divulgado.
Estos hechos dieron lugar a la incorporación del delito de soborno a testigos en actuación penal dentro de los cargos que deberá enfrentar Vásquez. Se trata de acusaciones que tendrán que ser demostradas y controvertidas durante el proceso judicial.
La investigación no compromete exclusivamente al alcalde. En el mismo expediente aparecen su hermano, Maycol Brandon Vásquez Gómez, y Ariel de Jesús Zambrano González, quien para la época de los hechos aspiraba al Concejo de Barrancabermeja. La Fiscalía sostiene que ambos habrían participado en la estructura que presuntamente buscaba asegurar votos para las candidaturas de Vásquez y sus aliados políticos.