Lo dijo un juez: NEOMUNDO es una entidad pública

Por: Oscar Jahir Hernández Rugeles

Durante meses el Centro de Convenciones Neomundo se defendió de todos los derechos de petición que se le presentaban con la misma coartada: somos una entidad privada. Con ese argumento negaron inventarios, ocultaron los valores de contratos con terceros, escondieron los valores que le facturan a la Alcaldía, y llegaron incluso a decir por escrito que un peticionario "de medios de comunicación" no merecía respuesta porque tenía "intereses mediáticos" y "no haría uso responsable" de la información. Como si la transparencia fuera un premio a la simpatía y no un derecho constitucional.
El pasado 19 de agosto de 2026, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, con ponencia de la juez Alejandra Pamela Rodríguez Mayorga, puso punto final a esa estrategia. En providencia del proceso 6680013333004-2026-00257-00, la jurisdicción contencioso-administrativa dijo lo que hasta ahora Neomundo se ha negado a aceptar: es entidad pública. Dijo textualmente: "aunque la Corporación Neomundo ostente formalmente la naturaleza de una corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, la composición mayoritariamente pública de su patrimonio fundacional determina que, para los efectos previstos en la Ley 1437 de 2011, le resulte aplicable el régimen de las peticiones dirigidas a autoridades públicas".
La juez se apoyó en el parágrafo del artículo 104 del CPACA y en jurisprudencia del Consejo de Estado. La cuenta es simple: el 95,36% del patrimonio fundacional de Neomundo es dinero público: 57,38% del Municipio de Bucaramanga y 37,98% del Departamento de Santander. Ese porcentaje supera el umbral del 50% que la ley colombiana establece para dejar de ser privada y pasar a ser sujeta al régimen de las autoridades públicas.
¿Qué significa esto para Bucaramanga? Tres cosas concretas. Primero, cualquier ciudadano puede pedirle información a Neomundo sin acreditar calidad especial, sin permiso de organismos de control, sin orden judicial. Los inventarios de bienes, los contratos con proveedores, los valores facturados, las políticas internas de precios: todo eso es público. Punto.
Segundo, sus directivos ya no pueden esconderse detrás del "secreto comercial" para negar información sobre la ejecución de contratos financiados con dineros del erario. Como lo dijo otro juez en abril, no basta invocar reservas: hay que acreditar daño cierto, específico y verificable. Frases genéricas sobre "posición competitiva" no sirven.
Tercero, y esta es la que más importa para el ecosistema económico local: los proveedores y contratistas de Neomundo deben saber que están manejando recursos públicos. Cada contrato marco, cada orden de servicio, cada factura queda sujeta al régimen de transparencia de la contratación estatal.
Al día de hoy Neomundo administra miles de millones de pesos procedentes de entidades públicas sin que tenga control alguno, con los cuales ha subcontratado a más de un centenar de proveedores distintos, y ha batallado con impugnaciones, dilaciones e incidentes cada intento ciudadano de conocer los detalles de sus manejos. Pero eso se acabó. Judicialmente quedó establecido que los ciudadanos, al igual que los organismos de control, sí pueden preguntar