Los abusos en cobro de impuesto predial

Desde el pasado 9 de abril se presentan fuertes protestas y bloqueos viales en Floridablanca y Lebrija en la zona que comunica con el Aeropuerto Palonegro, cerrado temporalmente por Aeronáutica Civil, situación que se presenta debido a la inconformidad por las alzas exageradas en los avalúos catastrales dados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- argumentando ‘actualización’ en el avaluó de las tierras.  Este paro se extiende a nivel nacional al afectar a 527 municipios con un impacto negativo en el campo colombiano, al considerar que los ingresos no han crecido al mismo ritmo.

Dentro del marco legal, el impuesto está regulado por la ley 44 de 1990 y por normas catastrales como la Ley 1995 de 2019. El impuesto predial se calcula con base en el Avalúo Catastral y la Tarifa Municipal. El problema se centra en su aplicación, al encontrar un desface entre el avalúo y los ingresos que no suben igual, por lo que se debe tener en cuenta una gradualidad y una equidad que genere una capacidad de pago, sumado a esto está la falta de socialización que permita entender estas medidas y deducir si son arbitrarias, evitando recibir ipso facto cobros que en muchos casos superan el 300% de incremento.

Este fenómeno genera un impacto social con hondas repercusiones, sobre todo en la clase media, donde en general, la actualización catastral no puede convertirse en un castigo fiscal, dejando de ser un impuesto para transformarse en una carga.  Nada saca una familia que su predio sea altamente valorado, de que le sirve si en la práctica no tiene ni con que pagar el impuesto. Hay que reiterar que las justas protestas se dan porque los avalúos están inflados y no corresponden a la realidad económica del país, dejando por fuera a muchas familias de los subsidios, exigiendo derogar la resolución de este incremento.

Pese a que el Estado está conformando mesas de diálogo para llegar a acuerdos finales y levantar el paro, no hay que darle tantas vueltas al tema, ya que, en un Estado de derecho, y pese a que los impuestos sean una obligación que nadie está desconociendo, se debe partir del principio donde “los tributos no se imponen por sorpresa ni por presión, sino bajo principios de justicia y equilibrio”.  Acá la revisión debe darse de forma clara y expedita, acompañados de los entes de control, la Personería, Defensoría del Pueblo y demás entes encargados de velar por la defensa de estos derechos.

Se debe dejar en claro que mientras exista un cobro injustificado, ningún ciudadano está obligado a aceptarlo sin antes ejercer el derecho a reclamar. Una salida falsa de algunos funcionarios es que “cada caso es particular, diferente” y no es cierto, pues la ley es la misma y opera para todos.  Infortunadamente el cierre de vías importantes se convierte en un mecanismo más importante de defensa para exigir al gobierno de turno los derechos vulnerados, con todos los efectos colaterales que ello implica por falta de movilidad, que irónicamente a los mandatarios no parece importarle.  Entre tanto… El paro sigue su marcha.