Lujosa mansión por cárcel para Miguel Quintero Calle hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero
Miguel Quintero Calle quedó en detención domiciliaria mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en contratos del AMVA y Bomberos de Itagüí.
Miguel Quintero Calle quedó en detención domiciliaria mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en contratos del AMVA y Bomberos de Itagüí.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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La decisión de enviar a Miguel Quintero Calle a detención domiciliaria abrió una nueva controversia en el proceso por las presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
El hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, deberá permanecer privado de la libertad en una lujosa finca ubicada en la vereda La Veta, cerca de Copacabana y Girardota, mientras avanza la actuación judicial en su contra.
El juez 27 penal del circuito de Medellín impuso la medida de aseguramiento tras valorar los elementos presentados por la Fiscalía General de la Nación.
Según el ente acusador, Quintero Calle, en calidad de particular, tuvo un papel determinante en la contratación del AMVA entre 2020 y 2023.
La investigación sostiene que habría ordenado el direccionamiento de seis contratos hacia el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, por un valor superior a 17.657 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, Quintero también habría recibido el quince por ciento del valor de cada contrato como pago ilegal.
Las pesquisas establecieron, según el expediente, presuntos sobrecostos en kits adquiridos durante la pandemia, cobros por transporte que no habría sido prestado y recargas de telefonía celular que tampoco se realizaron.
Esas anomalías habrían causado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos.
Los investigadores señalaron además que el posible desvío de recursos habría contado con la participación de varios funcionarios de alto nivel del Área Metropolitana y del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, varios testimonios fueron expuestos por la Fiscalía para sustentar la supuesta intervención de Quintero en las decisiones contractuales.
El caso también incluye referencias a posibles presiones sobre testigos y riesgos de obstrucción a la justicia, aspectos que tuvieron relevancia durante el debate judicial.
Después de la decisión, Quintero fue reseñado el sábado 3 de octubre en la cárcel de Bellavista, en Bello.
El procedimiento permitió formalizar su ingreso al sistema penitenciario antes del traslado a la residencia autorizada para cumplir la detención domiciliaria. Esa vivienda corresponde a una propiedad situada en la vereda La Veta, en una zona rural del norte del Valle de Aburrá.
La finca ocupa un lote cercano a 2.800 metros cuadrados y dispone de tres plantas, además de un garaje con capacidad para varios vehículos.
El área construida de las dos plantas principales sería de unos 200 metros cuadrados. Con base en el precio del metro cuadrado de esa zona, el valor estimado de la propiedad rondaría los 1.600 millones de pesos.
La vivienda ya había aparecido en la investigación por una razón distinta a sus características.
De acuerdo con los elementos expuestos por la Fiscalía, allí se habrían realizado reuniones relacionadas con la contratación del AMVA y con el supuesto direccionamiento de los contratos.
Además, el ente acusador incorporó chats con referencias a reformas hechas en el inmueble.
Según veedores que han seguido el proceso, esas obras incluirían intervenciones paisajísticas por más de 30 millones de pesos, una piscina cuyo costo habría rondado los 160 millones y un jacuzzi dentro de la propiedad. La piscina habría sido instalada durante la pandemia.
Las condiciones de esta residencia provocaron críticas luego de conocerse que allí cumplirá la medida de aseguramiento.
El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó públicamente que Quintero permanezca en esa propiedad y sostuvo que, a su juicio, la casa habría sido construida con recursos relacionados con hechos de corrupción investigados.
También manifestó su preocupación por las advertencias del proceso sobre eventuales presiones a testigos y riesgos de obstrucción a la justicia.
La discusión no quedó limitada al pronunciamiento del alcalde. Al concluir la lectura del fallo, los delegados de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría anunciaron su intención de apelar la decisión.
El objetivo será que un juez de segunda instancia revise la medida y determine si Quintero Calle debe pasar a un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso.
El expediente mantiene el foco sobre el manejo irregular de recursos públicos, las responsabilidades atribuidas a Quintero y el alcance de la decisión sobre su libertad durante etapa procesal.
La audiencia de apelación quedó fijada para este lunes 5 de octubre, a las 2 de la tarde. En esa diligencia se definirá el siguiente paso sobre las condiciones de privación de la libertad de Quintero.
Por ahora, la decisión vigente establece que deberá permanecer en su domicilio de la vereda La Veta, bajo la medida impuesta por el juez 27 penal del circuito de Medellín.
