MAGISTRADA de la JEP critica al Tribunal Militar
La JEP y el Tribunal Superior Militar protagonizan una fuerte polémica tras acusaciones sobre presunto encubrimiento de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado.
La JEP y el Tribunal Superior Militar protagonizan una fuerte polémica tras acusaciones sobre presunto encubrimiento de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado.
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La abogada Catalina Díaz desató polémica en el país
El Coronel Roberto Ramírez García, presidente del Tribunal Superior Militar y Policial, y la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP han sido protagonistas de una fuerte polémica sobre la conducta de militares y policías, que según la magistrada habrían sido encubiertas por miembros de la fuerza pública.
Por medio de un pronunciamiento firmado por el coronel Roberto Ramírez García, presidente del Tribunal Superior Militar y Policial, esa instancia rechazó las declaraciones de la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien dijo que la justicia militar "encubrió" violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.
Por medio de un comunicado a la opinión pública, el Tribunal Superior Militar y Policial rechazó las declaraciones de la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien en una entrevista con la prensa nacional señaló que esa instancia "fue un mecanismo de encubrimiento" de graves crímenes y violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado en Colombia
La respuesta, que está firmada por el coronel Roberto Ramírez García, presidente del Tribunal Superior Militar y Policial, se dio en el marco de una discusión que adelanta el Congreso de la República por un proyecto de reforma a la Constitución radicado por el partido Centro Democrático.
La iniciativa busca que las sentencias de la JEP en contra de exintegrantes de la fuerza pública se suspendan tras su emisión y sean revisadas de forma automática por la justicia militar.
El proyecto no cayó bien en la JEP, entre expertos, víctimas y hasta comparecientes que consideran que podría ponerse en riesgo la seguridad jurídica, pues sentencias de la Corte Constitucional y lineamientos de organismos internacionales han dicho en reiteradas ocasiones que las justicias militares y policiales no tienen facultades para investigar, juzgar ni sancionar graves violaciones de derechos humanos, pues solo tienen competencia sobre delitos en el marco del servicio de los uniformados.
En ese contexto, la magistrada Catalina Díaz Gómez dijo que la JEP, que tiene dos macro-casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales y alianzas entre uniformados, agentes del Estado y paramilitares, funcionó durante años de forma irregular.
La togada señaló que la investigación de la justicia transicional "ha sido robusta, rigurosa y en ese marco hemos encontrado antiguos miembros del Ejército que nos dijeron: 'Mire, los jueces penales militares colaboraron con nosotros en su momento para encubrir los crímenes'".
