Resumen
El partido Vente Venezuela denunció la detención de Milciades Ávila, jefe de protección de María Corina Machado. La ONG Foro Penal informó que el gobierno de Maduro ha arrestado a 102 personas relacionadas con el candidato Edmundo González Urrutia este año.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El partido político Vente Venezuela denunció la detención de Milciades Ávila, jefe de protección de María Corina Machado, en horas de la madrugada de este miércoles.
«Hoy en la madrugada, funcionarios del régimen ingresaron a la fuerza a la vivienda donde se encontraba, violando todo procedimiento legal», detalló el partido en un mensaje publicado en X.
Ante ello, exigió la inmediata liberación del jefe de protección de Machado.
La ONG Foro Penal denunció este martes que el gobierno de Nicolás Maduro ha detenido este año a 102 personas vinculadas con la campaña de Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática.
De las 102 detenciones, 77 se dieron a partir del inicio formal de la campaña, el pasado 4 de julio, lo que refleja «un claro patrón de actuación contra activistas, militantes, incluso colaboradores o personas que prestan sus servicios» a González Urrutia y a la líder opositora María Corina Machado, dijo Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.
El resto de detenciones -explicó la organización- se concretaron en los meses anteriores, cuando Machado encabezó numerosos actos proselitistas en varias regiones del país.
«Esto (…) constituye un indicio serio y muy claro, muy evidente, de que se está ejecutando desde el poder, contra la ciudadanía, un esquema sistemático y generalizado de restricción (…), en razón de la identidad específica de un grupo de ciudadanos (…) que se identifica con la opción política propuesta por María Corina Machado y Edmundo González», señaló el abogado en una rueda de prensa.
Explicó que, en el contexto electoral, el Foro Penal también está registrando «inhabilitaciones políticas arbitrarias», «destituciones de facto», «despidos», «cierres de locales comerciales» o «actos de amenaza» que ocurren bajo la «anuencia de los cuerpos de seguridad del Estado».
Recordó que los funcionarios que ejecutan «estos actos de persecución» no pueden «ampararse en órdenes superiores», que «no les exonera de la responsabilidad», de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
