Medida de aseguramiento para exdirectores de la UNGRD por delitos de corrupción
En medio de un escándalo de corrupción, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha logrado la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la entidad. Esta decisión se
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En medio de un escándalo de corrupción, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha logrado la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la entidad. Esta decisión se produce tras la presentación de pruebas que indican su presunta implicación en el direccionamiento irregular de procesos contractuales dentro de la entidad.
Los exfuncionarios son acusados de haber favorecido a contratistas específicos en el marco de la contratación pública, facilitando la asignación de órdenes de proveeduría destinadas a obras de mitigación y la adquisición de bienes y servicios para la atención de emergencias en diversos departamentos. Según la Fiscalía, Barreto Gantiva gestionó el reintegro de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, lo que habría llevado a la desviación de recursos para beneficiar a ciertos contratistas a cambio de un 7% del valor de cada contrato.
Además, Rodríguez Melo es señalado de haber proporcionado información privilegiada a un contratista, anticipando procesos de compra de carrotanques para asegurar el suministro de agua en La Guajira. Esta acción habría resultado en sobrecostos de más de 14.163 millones de pesos, de los cuales 1.000 millones habrían sido destinados como dádivas para Rodríguez Melo.
La Fiscalía ha imputado a ambos exfuncionarios por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. Sin embargo, los cargos han sido rechazados por los implicados.
