Resumen
Manifestantes acusan a la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, de imponer Áreas de Reserva sin estudios técnicos ni consultar con comunidades, violando el Acuerdo de Escazú. Protestan porque el Decreto 044 prohibiría actividades económicas como la minería legal por hasta 10 años en varias regiones.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Los manifestantes afirman que la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, está desconociendo el Acuerdo de Escazú e imponiendo unas Áreas de Reserva sin estudios técnicos ni concertación con las comunidades. A la protesta se sumaron líderes de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Risaralda y Chocó, quienes también exigen que no se expidan Áreas de Reserva Temporal que prohibirán actividades económicas como la minería legal hasta por 10 años, y pidieron al Consejo de Estado que emita medidas cautelares contra una normativa arbitraria.
Más de 800 mineros, campesinos y agricultores provenientes de Santander y 6 departamentos más, protestaron en las instalaciones del Ministerio de Ambiente en Bogotá rechazando el Decreto 044 de 2024 y las Áreas de Reserva Temporal que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, pretende imponer en varias regiones sin concertación con las comunidades ni estudios técnicos.
Según los manifestantes, esta medida arbitraria amenaza el trabajo de miles de mineros tradicionales y ancestrales, campesinos y personas dedicadas al agro, condenándolos a la ilegalidad, la pobreza y el desplazamiento en una región como Soto Norte, donde por más de 500 años se ha realizado minería.
Con banderas, pancartas y arengas, los mineros mostraron su rechazo contundente a un Decreto gubernamental que consideran arbitrario y que no ha sido concertado con las comunidades afectadas como lo exige el Acuerdo de Escazú, impulsado por el propio Gobierno.
“Desde la Provincia de Soto Norte en Santander nos tocó venir a protestar hasta Bogotá porque la Ministra de Ambiente no nos escucha, y solo está confabulada con grupos activistas y politiqueros de Bucaramanga para imponernos el Decreto 044 y crear un Área de Reserva Temporal en toda nuestra Provincia. Con eso nos condenan a la pobreza, la ilegalidad y el desplazamiento a más 30 mil personas que vivimos de la minería ancestral y la agricultura* en esta zona de Santander”, indicó Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas.
Según explicaron, solo en el caso de Santander la Zona de Reserva afectaría más de 78 mil hectáreas (un área más grande que toda la zona urbana de Bogotá), lo que “borraría” del mapa a los municipios de Vetas, California, Suratá, Matanza, Tona y Charta, cuyas actividades productivas se volverían ilegales de un "plumazo" por el documento que se expediría desde el despacho de la ministra Muhamad.
“Nosotros somos los primeros cuidadores del Páramo de Santurbán porque allí han vivido nuestras familias, y queremos dejar claro que hoy el Páramo ya se encuentra protegido en su totalidad por la Ley. Pero ahora la Ministra quiere extralimitarse en sus funciones y prohibir prácticamente todas las actividades económicas por fuera del Páramo, incluso llegando en un amplio sector del norte de Bucaramanga. Nos va dejar sin tierra para trabajar”, afirmó Daniel Maldonado, vocero de los pequeños mineros de Suratá.
En total, más de mil representantes de las comunidades mineras y campesinas de Santander, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Risaralda y Chocó, participaron de la movilización, que luego se dirigió al Consejo de Estado para pedirle que muy pronto falle a favor de las medidas cautelares al Decreto 044, y así defienda los derechos al trabajo, a la vivienda y a la participación de más de 35 mil personas.
“La Ministra se siente muy orgullosa de firmar el Acuerdo de Escazú y hablar de eso en la COP16 y en todos los escenarios posibles, pero no ha querido aplicarlo en Santander, Antioquia, La Guajira o Chocó, donde nos veremos afectados por el Decreto 044. Cuando se trata de este tema, la Ministra olvida que las políticas ambientales obligatoriamente deben construirse con las comunidades”, indicó la presidenta de Asomineros.
Por su parte, Jorge Maldonado, gerente de Calimineros, enfatizó la desconexión entre las decisiones del gobierno y las necesidades reales de los territorios: "El gobierno no puede seguir tomando decisiones desde un escritorio, desconociendo el sentir de miles de familias que han dedicado su vida a una minería responsable y sostenible. Nosotros somos una empresa de 160 pequeños mineros que creímos en la legalidad, y que después de 5 años de trabajo por ser formales, el Gobierno está desconociendo nuestro proceso y condenándonos a volver a ser ilegales”, indicó.
Las comunidades mineras han insistido en que su actividad ha sido parte fundamental del desarrollo económico de muchas regiones y que, lejos de ser una amenaza, la minería responsable y formal es una oportunidad para promover un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.
