Ministro de Hacienda retracta declaraciones sobre la asignación de presupuesto para polémico contrato de pasaportes

En una inesperada vuelta de tuerca, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha rectificado sus comentarios previos respecto a la problemática adjudicación de un contrato para la elaboración de pasaportes. A través de un comunicado oficial, Bonilla se desdijo, admitiendo que, de hecho, "el contrato otorgado por el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, carecía de los necesarios recursos presupuestarios vigentes".

La declaración inicial de Bonilla había generado una ola de confusión, al contradecir al canciller encargado Luis Gilberto Murillo. Murillo había declarado que la adjudicación carecía de validez legal debido a la ausencia de un certificado de disponibilidad presupuestal. Bonilla, inicialmente, había afirmado que "el dinero para dicho contrato estaba previsto", lo cual implicaba la existencia de fondos para la licitación.

Sin embargo, el ministerio se ha visto obligado a aclarar la situación. Según Bonilla, el primer proceso licitatorio, abierto el 24 de mayo de 2023, contaba con el CDP necesario, pero fue declarado desierto, y su CDP expiró al finalizar el año. Una segunda licitación se inició el 5 de enero de 2024 con un nuevo CDP vigente.

El núcleo del conflicto radica en que Salazar otorgó un contrato con base en un proceso ya declarado desierto y utilizando un CDP caducado, algo que, según Bonilla, podría llevar a la anulación del contrato. El tema central gira en torno a la gestión de Salazar y la viabilidad del polémico contrato con Thomas Greg and Sons, empresa envuelta en acusaciones de corrupción.