Movidos en secreto más presos a cárceles de Santander
El Inpec trasladó a 167 internos en una operación nacional previa al cambio de Gobierno, incluyendo varios reclusos enviados a cárceles de Santander por razones de seguridad y riesgo.
El Inpec trasladó a 167 internos en una operación nacional previa al cambio de Gobierno, incluyendo varios reclusos enviados a cárceles de Santander por razones de seguridad y riesgo.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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El Inpec ejecutó, en vísperas del cambio de Gobierno, una operación de traslados que llevó a 167 internos a diferentes cárceles del país, entre ellos varios reclusos enviados a establecimientos de Santander.
La medida quedó registrada en una resolución expedida un día antes de la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella y tuvo como principal sustento razones de seguridad penitenciaria, solicitudes de internos o familiares y evaluaciones de riesgo.
La orden aparece en la Resolución 006052 del 6 de agosto de 2026, documento que dispuso la reubicación de los internos en distintos centros carcelarios.
Este movimiento fue independiente de los 117 traslados de personas privadas de la libertad vinculadas a procesos de paz, cuyos casos tuvieron amplia exposición pública durante la jornada de posesión presidencial.
Entre los destinos establecidos por el Inpec figura el complejo penitenciario Palogordo, en Girón.
Allí fue trasladado Rafael Escobar Patiño, alias Monstrico (foto), identificado en su momento como uno de los hombres más buscados del bloque Meta de las disidencias de las Farc. Su ubicación quedó definida en el pabellón de alta seguridad.
También llegó a Palogordo Marlon Herrera Zárate, alias W o Walter, señalado como uno de los líderes de una estructura criminal que posteriormente se convirtió en el Clan del Golfo. El interno cumple una condena por varios delitos cometidos en Barrancabermeja.
La relación de personas trasladadas a Girón incluye además a Nick Ain Hernández Barrios, Albín Haminton Mejía Quiñones, Juan Pablo León Ruiz, Gilber Jarbey Suárez Mesa, Davinson Flórez Cuello, César Stiven Núñez Quiñónez, Cristian Armando Díaz Ibáñez y Diego Sebastián Ávila Ortiz.
El departamento también recibió internos en el establecimiento penitenciario de Socorro. Allí fueron ubicados William Giovanny Rodríguez Gómez y Carlos Andrés Ortiz Julic. Por su parte, Jefersson Steven López Rodríguez fue enviado a San Gil, mientras Gabrielis Ojeda Osorio terminó en Cúcuta.
La resolución señala que una parte de las reubicaciones tuvo origen en las denominadas actas de seguridad.
Estos documentos contienen reportes de las direcciones de los establecimientos sobre situaciones que pueden comprometer la integridad de los internos o alterar el orden dentro de las cárceles.
Entre los motivos citados aparecen conflictos entre estructuras criminales, amenazas y la necesidad de separar integrantes de una misma organización para evitar contactos que permitan mantener coordinación desde los centros penitenciarios.
El listado también incluyó a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hacia la cárcel de Ibagué.
La empresaria cumple una condena de cinco años y tres meses por su responsabilidad en la vandalización de una estación de TransMilenio durante el paro nacional de 2019.
La operación representó una redistribución penitenciaria de alcance nacional, con movimientos hacia diferentes regiones y establecimientos, incluida Santander, en los días previos al inicio del nuevo periodo presidencial.
