Resumen
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En una rueda de prensa el pasado viernes 15 de Marzo en Bogotá, el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas José Francisco Calí Tzay reconoció ciertos avances para paliar la “deuda histórica” del Estado colombiano con los pueblos indígenas, pero denunció que la situación de los derechos humanos de las diferentes etnias del país “sigue siendo grave, crítica y profundamente preocupante”. EFE/ Carlos Ortega.
A pesar de “la actitud abierta y el espíritu de colaboración” de las instituciones para “reconocer la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas”, los desafíos para resolver los “problemas estructurales” siguen siendo enormes, destacó Calí en la rueda de prensa al finalizar una visita de 10 días a Colombia, que su oficina no hacía desde 2009.
En Colombia hay 102 pueblos indígenas y 71 de ellos se encuentran en riesgo de extinción física y cultural debido a la “falta de aplicación efectiva de sus derechos” y por otras razones como el conflicto armado o la destrucción de su medio de vida.
Según Naciones Unidas, algunos pequeños intentan quitarse la vida y otros lo logran, todo con el fin de no hacer parte de las filas de los criminales.
“Hay una situación en la cual se puede ver que hay niños, inclusive de 6, 7, 8 años, que están siendo reclutados. Es una situación que es preocupante, esencialmente por la cuestión de la violación al derecho internacional humanitario”, alertó José Francisco Cali Tzay, relator especial de la ONU sobre derechos de pueblos étnicos.
A pesar de que el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tenía un capítulo dedicado a los pueblos étnicos, este es uno de los que más retrasos tiene en su implementación y tampoco ha impedido que el conflicto continúe afectando a los indígenas más que a otras comunidades.
Calí se vio alarmado sobre todo por la situación de mujeres y niños y también ante el reclutamiento forzado de menores, incluso de seis años, por parte de grupos armados ilegales, situación que afecta especialmente a los indígenas y que en ocasiones se hace para “obtener inteligencia”, alejando por algunas semanas a los niños de sus familias para que sirvan de informantes.
Si bien, en muchas ocasiones, los niños y niñas reclutados no son aceptados de vuelta en sus comunidades por la desconfianza, lo que “los coloca en una situación de abandono y los lleva a la indigencia, adicción o inclusive la prostitución”. Además, por miedo a estos reclutamientos, otra de las consecuencias “alarmantes” es “el reciente y acelerado incremento de las tasas de suicidio entre menores de edad”, mencionó.
Por otro lado, Calí recalcó que muchos indígenas se sienten “frustrados” porque no pueden participar “eficazmente” en las nuevas negociaciones de paz, ante el miedo de que les vuelvan a dejar de lado.
