No es opinión
La Corte Constitucional ordenó retirar publicaciones que atacaban el cuerpo de Stephany Ortiz y reconoció que no eran crítica política, sino violencia de género digital.
La Corte Constitucional ordenó retirar publicaciones que atacaban el cuerpo de Stephany Ortiz y reconoció que no eran crítica política, sino violencia de género digital.
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Que si se había operado. Que si ese cuerpo era suyo o era comprado. Que, si no estaría mejor en la casa, haciendo lo que, según él, le corresponde a una esposa. Desde mayo de 2025, un creador de contenido de Arauca dedicó buena parte de sus publicaciones en Facebook a Stephany Ortiz, gestora social del municipio y esposa del alcalde. No a su gestión, no a sus decisiones, no al uso de los recursos públicos. A su cuerpo.
Por Maura Samara Suárez
El pasado 27 de octubre, la Corte Constitucional, en la sentencia T-348 de 2026, le dio la razón a ella. Identificó 28 publicaciones que constituyen violencia de género digital y le ordenó al autor retirarlas en 48 horas, publicar una disculpa, difundir la sentencia y explicarle a su audiencia que la libertad de expresión no ampara este tipo de violencia. Y, como si fuera poco, hacer un curso sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres en entornos digitales. Veinte días tiene el señor para aprender lo que muchas aprendimos a punta de comentarios.
La pregunta que surge es, ¿ya no se puede criticar a nadie? Claro que se puede. La misma Corte dejó protegidas, como participación política, las publicaciones sobre la gestión de la alcaldía que no aludían al cuerpo ni a la intimidad de la accionante, y se negó a prohibir de antemano cualquier mención futura, porque eso sería censura previa. La frontera no está en criticar a una mujer con poder. Está en usar su cuerpo como arma. Para la Sala, esos mensajes la convertían en un instrumento para disputar el poder político de un hombre. Ella ni siquiera era el blanco, era el medio.
No hay que ir hasta Arauca. El 11 de octubre, Matador publicó en X una foto de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y preguntó por el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de Pereira. Hasta ahí, control político, una pregunta que cualquier ciudadano puede y debe hacer. Pero no se quedó ahí. La llamó ratita y patiraquítica. La pregunta era sobre la plata; el insulto sobre sus piernas. A un hombre en lo público se le juzga por lo que hace; a una mujer, por cómo se ve, cuánto pesa, qué tiene puesto, con quién se casó y si se operó o no. Él es un político; ella, un cuerpo que se atreve a estar en la plaza pública.
Ahí está lo más importante del fallo. La Corte advirtió que estos ataques crean espacios hostiles, fomentan la autocensura y limitan la participación pública de otras mujeres, y recogió el efecto silenciador que documentó la Fundación Karisma en las agresiones contra candidatas al Congreso en 2022. La que no publica, la que no se lanza, la que se lo piensa dos veces antes de opinar, también es víctima, aunque nunca aparezca en un expediente.
Por eso la sentencia fija criterios para que los jueces revisen si la mujer tiene voz pública, si se usan estereotipos de sexualización o cosificación, si hay acoso reiterado y si el contenido puede silenciarla. Y deja una constatación incómoda, Facebook no tiene herramientas específicas para reportar este tipo de contenido, y eso dejó a la accionante en indefensión. Las plataformas que se lucran de la conversación tampoco pueden seguir lavándose las manos.
Que sea una buena noticia no quiere decir que el problema esté resuelto. Un juez concedió la tutela, otro la revocó y tuvo que llegar a la Corte para que alguien dijera lo obvio. Pero lo dijo, y ahora es precedente. Criticar a una mujer pública es un derecho. Desnudarla con palabras para callarla, no. Burlarse de su cuerpo no es opinión, es violencia.