Nuevos impuestos en Bucaramanga golpean las industrias digitales y sector de la construcción

Los bumangueses aún no asimilan el nuevo tributo creado por la Gobernación de Santander por concepto de sobretasa a la seguridad, cuando ya les están anunciando la creación de un nuevo cobro, y el incremento de un impuesto ya existente. Por un lado, hablamos de un impuesto que el Alcalde de Bucaramanga pretende imponer a los usuarios de plataformas digitales de transporte y entretenimiento, por el otro, un el aumento de un gravamen que a juicio de los expertos golpearía severamente el gremio de la construcción en la región.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Las iniciativas se encuentran para su estudio en un proyecto de acuerdo denominado Estatuto Tributario, el cual ya fue aprobado en primer debate en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bucaramanga.

Allí por ejemplo, el Alcalde Jaime Andrés Beltrán propuso al concejo imponer un nuevo impuesto para los usuarios de plataformas digitales de transporte público particular como UBER (y afines), alquiler de espacios como Airbnb (y afines), servicios domiciliarios como Rappi (y afines), impuesto que también se extiende a plataformas de entretenimiento como Netflix, Spotify o Youtube. Para todas ellas se propone un cobro de 9 pesos por cada mil de su valor total.

Uno de los férreos opositores de la iniciativa es el Concejal Diego Lozada quien consideró contradictorio lo que que vive en la capital santandereana con respecto a otras ciudades del país pues mientras que aquí se le imponen nuevos tributos a los servicios tecnológicos, en otras regiones se les libera de la carga contributiva para incentivar su creación, uso y masificación.

"Resulta que se estaba arreglando la tributación económica digital en muchas partes del país y ahora Bucaramanga plantea el ejercicio de realizar una tributación a esta economía digital. Se tiene previsto empezar a cobrar Industria y Comercio a todas las actividades comerciales que se hagan a través de Internet, como los streaming, el cobro de pautas o quienes hacen publicidad en sus transmisiones” indicó el corporado, quien explicó que el pago del tributo sería automático pues estos servicios se adquieren por medio del uso de tarjetas de crédito o débito por medio de portales digitales.

Duro golpe a la construcción

Y si por allá llueve por acá no escampa. Esa es la percepción que tienen desde el gremio de la construcción en Santander desde el cual se elevó un perentorio llamado al Concejo de Bucaramanga para que analice con mayor detenimiento el Proyecto de Acuerdo No. 031 de 2025, el cual contiene regulaciones para incrementar el Impuesto de delineación urbana.

La voz de alerta la expresó la directora de Camacol Santander, Silvia Catalina Rey Gómez, quien manifestó de manera categórica su oposición al Proyecto de Acuerdo No. 031 de 2025, mediante el cual se pretende modificar el esquema de liquidación del impuesto de delineación urbana en el Municipio de Bucaramanga.

“La aprobación de este proyecto, tal como está formulado, constituye un grave error de política pública que afecta estructuralmente la economía de la ciudad, lesiona el acceso a la vivienda de la población, desincentiva la inversión formal y profundiza los problemas de informalidad y pobreza urbana. El incremento desmesurado que se propone, que supera el 800% para viviendas de interés social y alcanza más del 1.100% en estratos superiores, es incompatible con cualquier principio de justicia tributaria. Se trata de un aumento confiscatorio que desconoce los fundamentos constitucionales de progresividad, equidad y capacidad contributiva. Más aún, resulta un atentado contra la lógica misma del ordenamiento urbano y de la política pública de vivienda: lejos de fomentar el desarrollo sostenible, este proyecto castigaría a quienes apuestan por la formalidad y el crecimiento ordenado de Bucaramanga”, indicó a EL FRENTE Rey Gómez, quien aseguró que la modificación de la tasa contributiva carece de un soporte técnico serio.

Paralizará la construcción

“No existen estudios que evidencien que el sector constructor, golpeado ya por la contracción económica y la reducción de subsidios, esté en capacidad de asumir más cargas. Tampoco se han evaluado los efectos en cadena sobre el mercado inmobiliario, la generación de empleo, ni el impacto directo sobre los ciudadanos, quienes verán encarecida la vivienda y reducido su acceso a una vida digna. Aprobar este proyecto en las condiciones actuales sería legislar de espaldas a la realidad social y económica de nuestra ciudad”, advirtió la directiva gremial.

Además, Rey Gómez advirtió que la consecuencia inmediata de esta reforma será la paralización de proyectos de vivienda formal, el encarecimiento de los precios finales, el aumento de los asentamientos informales y un golpe severo a la generación de empleo en el sector construcción, uno de los principales motores de la economía local. Bucaramanga corre el riesgo de perder competitividad frente a otras ciudades que ofrecen condiciones más favorables para la inversión, con el consiguiente deterioro de su tejido social y económico.

“La responsabilidad de estos efectos recaerá inevitablemente sobre quienes aprueben un proyecto que, lejos de resolver problemas fiscales, agravará las condiciones de vida de los ciudadanos y compromete el futuro de la ciudad. El país entero ha visto ejemplos de decisiones equivocadas que, tomadas sin el debido análisis de consecuencias, han generado crisis urbanas y sociales de largo alcance. Bucaramanga no puede ni debe repetir ese error”, indicó la directora de la Cámara Colombiana de la Construcción en Santander, quien puntualizó con un perentorio llamado al Concejo de Bucaramanga: “solicitamos de manera urgente que el Proyecto de Acuerdo No. 031 de 2025 sea archivado o negado en su versión actual y que se convoque de inmediato a un proceso técnico, abierto y participativo, donde las decisiones tributarias se construyan con responsabilidad, sensatez y visión de ciudad. Bucaramanga merece una política pública que fomente la inversión, promueva el acceso a la vivienda y garantice el desarrollo urbano sostenible, no medidas que expulsen a los ciudadanos de la formalidad y profundicen la desigualdad. Actuar con responsabilidad hoy es el único camino para evitar una crisis mayor”.