“Patio en casa”: la propuesta que busca acabar con el viacrucis de grúas y patios. ¿Sería una solución para Bucaramanga?

En Bogotá comenzó a tomar fuerza una propuesta que, de prosperar, podría revolucionar el sistema de inmovilización de vehículos en Colombia y poner fin a uno de los dolores de cabeza más costosos para conductores y motociclistas: el negocio de grúas y patios.

La iniciativa, bautizada como “Patio en Casa”, plantea que los vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito permanezcan en el domicilio de sus propietarios, bajo estrictos sistemas de control electrónico, en lugar de ser trasladados a los tradicionales patios oficiales, donde en muchos casos los automotores terminan convertidos en huéspedes permanentes de una estadía tan costosa como involuntaria.

La propuesta, impulsada por el concejal bogotano Emel Rojas, ha despertado interés porque ataca uno de los aspectos más cuestionados del actual modelo: los elevados costos que deben asumir los ciudadanos por concepto de grúa, parqueadero y trámites administrativos, muchas veces superiores al valor mismo de la infracción.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, actualmente 34.266 vehículos, entre carros y motocicletas, permanecen en los patios distritales sin que sus propietarios hayan podido recuperarlos.

Desde 2018, cuando comenzó el actual contrato de operación, han ingresado 615.670 automotores. El 53 % corresponde a motocicletas, el 29 % a automóviles y el resto a camionetas y otros vehículos.

Aunque la mayoría logra salir en los primeros días, un 5,5 % nunca ha sido reclamado, lo que equivale a miles de automotores convertidos en chatarra silenciosa, acumulando polvo, óxido y cuentas por pagar.

Un negocio multimillonario

Las cifras económicas revelan la magnitud del sistema. Entre abril de 2018 y enero de 2026 se recaudaron más de 237.677 millones de pesos por el servicio de patios y grúas.

De ese total, cerca de 195.608 millones quedaron en manos del operador GYP Bogotá S.A.S., mientras que la Secretaría de Movilidad recibió alrededor de 42.068 millones.

La distribución ha alimentado cuestionamientos sobre la conveniencia del modelo, pues más del 82 % del recaudo termina en manos del contratista privado.

La propuesta consiste en dejar el vehículo inmovilizado en la vivienda o establecimiento del propietario, utilizando cepos en las llantas, dispositivos adheridos al parabrisas, sistemas GPS, alarmas y mecanismos electrónicos de seguimiento.

Estos dispositivos impedirían el uso del automotor y permitirían a las autoridades verificar que permanezca en el lugar autorizado.

Una vez el conductor pague la multa y cumpla los requisitos legales, podría desbloquear el sistema mediante un código QR y devolver el dispositivo a un punto autorizado. En esencia, se trataría de una especie de “casa por cárcel” para vehículos infractores: el carro sigue castigado, pero al menos duerme bajo el techo de su dueño y no en un patio donde cada amanecer llega acompañado de una nueva factura.

Bucaramanga: una ciudad donde la idea tendría eco inmediato

La discusión cobra especial interés en Bucaramanga, donde el sistema de patios y grúas ha sido objeto de constantes críticas por parte de ciudadanos que denuncian altos costos, demoras y dificultades para recuperar sus vehículos.

En la capital santandereana, los patios de tránsito también enfrentan problemas de saturación, con motocicletas y automotores abandonados durante años por propietarios que, ante el crecimiento de las deudas, terminan renunciando a reclamarlos.

Para muchos conductores, una inmovilización no solo implica una sanción por infringir la norma, sino el inicio de un costoso peregrinaje burocrático en el que el comparendo termina siendo apenas el aperitivo de una factura mucho más abultada.

Expertos advierten riesgos

No todos respaldan la propuesta. El experto en movilidad Darío Hidalgo considera que el modelo debe estudiarse cuidadosamente, pues podría interpretarse como un beneficio excesivo para quienes cometen infracciones graves.

También plantea interrogantes logísticos y jurídicos, como quién sería responsable de trasladar el vehículo hasta la residencia del infractor y cómo se garantizaría el cumplimiento de la sanción.

La iniciativa será presentada próximamente ante el Concejo de Bogotá y, de ser aprobada, requeriría estudios técnicos, jurídicos y planes piloto antes de su implementación.

Más allá de su aprobación, el proyecto ha puesto sobre la mesa una discusión que trasciende a Bogotá: si el actual sistema de patios y grúas realmente cumple una función pedagógica o si, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en un lucrativo engranaje donde el castigo al infractor parece prolongarse mucho más allá de la falta cometida.

En ciudades como Bucaramanga, donde las grúas siguen apareciendo con la puntualidad de un reloj suizo y las tarifas crecen con sorprendente eficiencia, la idea de que el vehículo permanezca inmovilizado en casa podría sonar menos a utopía y más a una necesaria modernización del sistema de tránsito colombiano.