“Petro uso la manifestación ciudadana como un mecanismo para secuestrar las instituciones”

EL presidente Gustavo Petro es el virtual perdedor de la jornada de protestas desarrolladas en distintas partes del país, incluso en Bucaramanga. El uso (para algunos abuso) del cariño que despierta el jefe de Estado en sectores populares lo llevó a movilizar a miles de personas, presión que no solo no sirvió para que se eligiera en la jornada de este jueves a la cabeza del principal organismo de investigación criminal en el país, sino que tampoco atajó la designación de la hoy vicefiscal, Martha Mancera, como jefa interina de la Fiscalía General de la Nación. En medio de estos acontecimientos, surgió la polémica sobre el uso de la presión social de su electorado para coactar las decisiones de la Fiscalía General de la Nación, y de paso utilizar de manera indebida la protesta ciudadana para coaccionar a la Corte Suprema de Justicia en su libre ejercicio de nombrar en propiedad a la jefatura de la fiscalía. En este informe, EL FRENTE le presenta a sus lectores los hitos más importantes de la jornada de este jueves.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En distintas ciudades del país, incluyendo Bucaramanga, se vivieron jornadas de protesta en frente de las distintas sedes de la Fiscalía General de la Nación, con un doble objetivo: en palabras de los manifestantes, rechazar primero el activismo político que ha caracterizado al fiscal Francisco Barbosa, y de manera simultánea enviarle un mensaje a la Corte Suprema de Justicia para que no dilate más la elección del sucesor del polémico Barbosa. Algo realmente nunca visto. Finalmente, la Corte no eligió en la fecha a la próxima fiscal, y para acabar de completar se designó como fiscal general interina a un nombre que ha generado más dudas que certezas.

En orden de ocurrencia, el primero de los acontecimientos que caldeó los ánimos fue la designación por parte de Francisco Barbosa, hoy fiscal general saliente, de escoger como su sucesora encargada a la hoy vicefiscal Martha Mancera, anuncio que no ha sido recibido nada bien en distintos sectores sociales, incluyendo los organismos sindicalizados de la Fiscalía General de la Nación, debido a los copiosos cuestionamientos en contra de Mancera, principalmente, por no haber reaccionado de manera oportuna en medio de una investigación en un caso de narcotráfico.

El escándalo sobre este punto se reveló en el año 2021 y tuvo como protagonistas a dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Pablo Bolaños y Fabio González, quienes la mencionaron en una denuncia por presunto ocultamiento de hallazgos durante una investigación de narcotráfico en Buenaventura.

“Soy una víctima del

Presidente de la República”

En concreto, la denuncia de los investigadores del CTI en contra de Mancera tiene que ver con los serios indicios que ellos le manifestaron a la vicefiscal Mancera sobre el extraño comportamiento de Francisco Javier Martínez, director del Cuerpo Técnico de Investigación en Buenaventura, quien fue señalado de tener relaciones y presuntos vínculos con un poderoso grupo de narcotraficantes que utiliza el principal puerto del sur del país como uno de sus eslabones clave en el trasporte de estupefacientes hacia distintos puntos del globo terráqueo.

Mancera, para responder a los cuestionamientos, asegura que no apertura las respectivas investigaciones en contra de Francisco Javier Martínez, aduciendo falta de pruebas, además se ha declarado víctima de una persecución en su contra, orquestada desde la Casa de Nariño: “Ahora, dos años después, en medio de una proliferación de ataques hacia mi persona, patrocinados por el presidente de la República, y con la convocatoria a la audiencia para la elección de la próxima fiscal general, aparecen con una historia para fabricar un expediente en mi contra”, afirmó la vicefiscal durante unas declaraciones entregadas a la Casa Editorial El Tiempo.

Pese a la controversia que antecedió el nombramiento, Barbosa se mantuvo en su posición y la designó para continuar al mando de la Fiscalía General, cargo que para Mancera no es extraño debido a que en marzo del año 2012 ocupó el cargo de manera interina para reemplazar temporalmente a la entonces fiscal general Vivian Morales, cuya designación en el cargo fue anulada por el Consejo de Estado.

Magistrados de la Corte mantienen la expectativa

El segundo episodio que caldeó los ánimos de los manifestantes, sobre todo en Bogotá, fue la negativa, en la jornada de este jueves, de la Corte Suprema de Justicia de escoger de la terna propuesta por el presidente de la República a la sucesora de Francisco Barbosa.

El episodio, fustigado desde la Casa de Nariño, fue calificado como, una intromisión del Ejecutivo en las cuestiones de la Rama Judicial, al punto de que el mandatario nacional es señalado de utilizar a los manifestantes para violar la independencia que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, en su libre ejercicio de elegir a su gusto y dentro de su agenda propia a la sucesora en propiedad de Francisco Barbosa.

El episodio de mayor nerviosismo ocurrió una vez se conoció que la Corte suspendía el proceso, momento en el que miles de manifestantes bloquearon los accesos principales y las vías aledañas de la Corte Suprema, y se empezaron a registrar escaramuzas de violencia y vandalismo en los alrededores de la Plaza de Nariño.

Incluso, los acontecimientos obligaron al comandante de la Policía Nacional, William René Salamanca, llegar al sitio para recuperar la seguridad del céntrico sector de la capital del país, al tiempo que el procurador delegado para los derechos Humanos le pidió al jefe de la Fuerza Pública preservar la seguridad de los servidores públicos e instalaciones del Palacio de Justicia, así como le exigió a los manifestantes respeto por la integridad de los magistrados y demás funcionarios de la rama judicial que permanecieron prácticamente sitiados al interior de la edificación.

Luego de hacer una verificación en el lugar de los hechos, el Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, pudo constatar que al menos 350 policías llegaron al sitio para reforzar la seguridad y que, en un intento por ingresar a la fuerza al recinto judicial, los manifestantes golpearon a una funcionaria.

“Hacemos un llamado a los manifestantes para que adelanten sus protestas de manera pacífica, como es su derecho, y a la Policía para que tome el control de la situación y preserve la seguridad de los servidores públicos e instalaciones del Palacio de Justicia , solo así  será posible garantizar  la vida y seguridad de todos los involucrados”, fue el llamado del procurador para los Derechos Humanos.

La corte se respeta

Caída la tarde, mediante un comunicado, La Corte Suprema de Justicia rechazó el asedio al Palacio de Justicia de la Capital de la República. “Esta situación, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”, señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro al darle lectura a un comunicado.

En su intervención, el magistrado enfatizó que “la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia”.