Resumen
La Procuraduría General de Colombia ha solicitado a la JEP que determine a los excomandantes de las FARC como responsables de crímenes de lesa humanidad y esclavitud. Según el Ministerio Público, estos crímenes fueron una política sistemática de la organización.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP que determine como máximos responsables por el crimen de lesa humanidad de esclavitud a los excomandantes de las Farc, Édgar López Gómez, alias ‘Pacho Chino’, Juan Carlos Ramírez, ‘Sargento Pascuas’ y Héctor Julio Villarraga Cristancho, alias ‘El Grillo’.
Para el Ministerio Público “La compra de secuestrados no se trató de eventos esporádicos cometidos por algunos de sus miembros, sino de una dinámica acogida de forma sistemática. Así, correspondió a una política que se extendió por las estructuras de las FARC – EP, en concreto por el CCO-BOCC, que además nunca se controló o delimitó.”
El delegado ante a JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, también requirió que se determine la responsabilidad de mando del compareciente Héctor Julio Villarraga Cristancho, Gilberto Arroyave o El Grillo por el crimen de guerra de violación sexual que se cometió de manera concurrente con los crímenes de toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad.
En su documento de observaciones frente los Hechos y Conductas atribuibles a exmiembros del Bloque Occidental de las Farc, perteneciente al macrocaso 01, la Procuraduría aseguró que esa unidad fue responsable de al menos 42 Secuestros con finalidad financiera, en las que fueron privadas de la libertad 92 personas, incluidos menores de edad, por cuyos rescates solicitaron sumas de entre $ 200 millones y hasta 5 millones de dólares para no entregar a la víctima en pedazos.
El Ministerio Público va más allá, asegurando que un gran número de víctimas de estos secuestros no solo fueron privadas de la libertad, también recibieron fueron torturadas física y psicológicamente, esclavizadas, abusadas sexualmente y luego asesinadas, sus cuerpos desaparecidos; todo para reafirmar el dominio violento del territorio.
La Procuraduría trae a colación el caso de tres niños secuestrados, uno de ellos sacado a la fuerza del bus del colegio, que duró en cautiverio un año mientras su familia juntaba los $ 600 millones que esa guerrilla pidió por el rescate, a pesar de que, según los excombatientes, se trataba de una práctica prohibida al interior de esa guerrilla.
