Resumen
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ordena creación de tres mesas técnicas para reforzar la búsqueda de desaparecidos. Las mesas se centrarán en consolidar sistemas de información y mejorar la capacidad presupuestal y tecnológica.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En su más reciente decisión, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordenó la conformación de tres mesas técnicas dedicadas a desarrollar estrategias que fortalezcan la búsqueda de personas desaparecidas.
El Grupo Interno de Trabajo Territorial de la UBPD que inició labores en Santander en noviembre de 2023 tiene el registro de 4.533 personas desaparecidas y 987 solicitudes de búsqueda. De ahí la importancia de que las víctimas se vinculen al proceso de la justicia transicional. De acuerdo con la Unidad Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), más 100.000 personas fueron desaparecidas en el marco del conflicto en todo el país.
La decisión se tomó en el marco de la medida cautelar nacional adoptada para que a través de estas mesas, en las que participarán las organizaciones de víctimas, se concreten iniciativas que permitan articular procesos y desplegar acciones conjuntas para la búsqueda e identificación de quienes sufrieron este crimen.
De acuerdo con la hoja de ruta trazada por la magistratura, estas mesas técnicas deberán trabajar en estrategias que consoliden sistemas de información, fortalezcan la capacidad presupuestal y tecnológica de entidades públicas, aporten a la construcción de una política pública integral que aborde la desaparición forzada, promuevan la toma de muestras biológicas, y garanticen la custodia y preservación de puntos de inhumación, entre otros aspectos.
En el trámite de más de 23 medidas cautelares que lidera la Sección para proteger puntos de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada, la JEP ha encontrado, deficiencias transversales y estructurales.
Hay evidencia de falta de coordinación, la necesidad de un fortalecimiento presupuestal y tecnológico, la ausencia de una política pública integral para abordar la desaparición forzada, así como la custodia y preservación de puntos de inhumación, baja participación en tomas de muestras biológicas y precariedad de infraestructura para el tratamiento y abordaje de los cuerpos.
