Si se garantiza la continuidad financiera y se superan los desafíos contractuales pendientes, la vía Duitama – Charalá – San Gil podrá convertirse en una de las carreteras más importantes del oriente colombiano, una franja de asfalto que no solo unirá ciudades y municipios, sino que también acercará economías, fortalecerá el turismo y abrirá nuevas oportunidades de desarrollo para miles de familias de la región.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El reciente otorgamiento de los permisos ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander se convirtió en el hecho que destrabó uno de los proyectos viales más importantes para el nororiente colombiano: la carretera Duitama – Charalá – San Gil, una obra estratégica que permaneció parcialmente detenida mientras se surtían los trámites ambientales indispensables para intervenir zonas de alta sensibilidad ecológica y construir estructuras hidráulicas fundamentales para la estabilidad del corredor.

Con esta decisión, el proyecto vuelve a tomar impulso y recupera la expectativa de convertirse en una de las conexiones terrestres más relevantes entre Boyacá y Santander, dos departamentos históricamente unidos por la geografía, el comercio y el turismo, pero separados durante décadas por una infraestructura vial insuficiente.

La obra hace parte del Pacto Bicentenario y del programa nacional “Vías para la Legalidad y la Reactivación con Visión 2030”, estrategia del Gobierno Nacional orientada a cerrar brechas de infraestructura en regiones con alto potencial productivo.

El contrato inició el 29 de junio de 2021 y tiene como fecha prevista de terminación el 28 de diciembre de 2030, lo que supone un periodo de ejecución de nueve años y medio. Aunque el cronograma fue diseñado para desarrollarse en varias etapas, la obra enfrentó una serie de dificultades que ralentizaron considerablemente su avance.

Entre los principales obstáculos se cuentan retrasos en pagos al contratista, limitaciones presupuestales, ajustes contractuales y la falta de autorizaciones ambientales para intervenir sectores específicos del municipio de Charalá, donde se requerían obras hidráulicas y forestales de gran complejidad.

La ausencia de estos permisos mantuvo paralizadas actividades cruciales. Sin autorización para ocupar cauces o remover vegetación, el contratista no podía construir alcantarillas, Box Culvert, muros de protección ni ejecutar movimientos de tierra indispensables para ampliar la plataforma vial y estabilizar taludes. En la práctica, el proyecto permanecía en una pausa forzada, como un motor encendido al que todavía no se le permitía engranar la marcha.

La situación cambió el 11 de mayo de 2026, cuando la CAS emitió dos actos administrativos decisivos. Mediante la Resolución DGL No. 000308, la autoridad ambiental otorgó permiso de ocupación de cauce permanente a Mincivil S.A. para la construcción de 53 estructuras de drenaje, entre alcantarillas, Box Culvert y obras de protección de orilla. Estas intervenciones se desarrollarán entre el PR 70+000 y el PR 83+800, un tramo de 13,8 kilómetros ubicado en jurisdicción del municipio de Charalá, considerado uno de los sectores más sensibles del corredor por sus condiciones topográficas e hidrológicas.

A través de la Resolución DGL No. 000309, la CAS autorizó el aprovechamiento forestal único en un área de 45,47 hectáreas dentro de la zona de influencia del proyecto. La decisión permite la intervención controlada de individuos arbóreos y coberturas vegetales necesarias para ejecutar las obras, siempre bajo medidas de manejo ambiental, compensación y seguimiento técnico. Esta autorización era indispensable para avanzar con la adecuación de taludes, ampliación de la banca y construcción de nuevas estructuras.

“La relevancia de estas decisiones es enorme. En una carretera de montaña, las obras de drenaje constituyen el sistema que permite canalizar adecuadamente las aguas lluvias y evitar que la fuerza del agua socave la estructura del pavimento. Sin estas intervenciones, cualquier esfuerzo de asfaltado corre el riesgo de deteriorarse rápidamente. Las 53 estructuras autorizadas por la CAS serán, en la práctica, el esqueleto hidráulico que sostendrá la estabilidad del corredor y garantizará su funcionamiento a largo plazo”, indicó un portavoz de la Corporación Autónoma Ambiental.

La CAS explicó que los permisos fueron otorgados bajo estrictos criterios de evaluación y control ambiental, con el objetivo de armonizar el desarrollo de infraestructura estratégica con la protección de los recursos naturales. La entidad anunció que realizará seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones impuestas al contratista y a la implementación de medidas de compensación y restauración ecológica.

Beneficios para todo

el oriente colombiano

La culminación de la vía Duitama – Charalá – San Gil tendrá impactos directos sobre la economía regional. El corredor facilitará la salida de productos como café, panela, frutas, hortalizas, ganado y artesanías, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo las cadenas de comercialización entre Boyacá y Santander. Para miles de productores, esta carretera representa mucho más que una mejora en el pavimento: es la posibilidad de acceder con mayor rapidez y seguridad a mercados nacionales.

El turismo será uno de los sectores más beneficiados. San Gil, reconocida como capital colombiana del turismo de aventura, y municipios como Barichara y Charalá, podrán consolidar su atractivo al contar con una vía más eficiente para visitantes procedentes del centro del país y del altiplano boyacense. La carretera actuará como una columna vertebral que conectará paisajes, tradiciones y oportunidades de negocio a ambos lados de la cordillera Oriental.

Desde la perspectiva de la seguridad vial, las obras buscan reducir riesgos asociados al deterioro de la calzada, fallas de banca, deslizamientos e insuficiencia de drenajes. El mejoramiento del corredor ofrecerá mayor estabilidad, mejor señalización y condiciones de tránsito más seguras para conductores y pasajeros, especialmente durante las temporadas de lluvias intensas.

A mayo de 2026, el proyecto presenta cifras que evidencian su dimensión estratégica: 134 kilómetros de corredor, 41 kilómetros priorizados para mejoramiento y pavimentación, 324.627 millones de pesos en obra, 28.598 millones en interventoría, 353.225 millones de inversión total, 53 estructuras hidráulicas autorizadas, 45,47 hectáreas con permiso de aprovechamiento forestal y un plazo contractual vigente hasta el 28 de diciembre de 2030.