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Presidente Abelardo de la Espriella levanta suspensión general al porte de armas y anuncia controles estrictos

Se levantó la suspensión general al porte de armas en Colombia, pero seguirán vigentes requisitos, controles y permisos oficiales.

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva decisión sobre el porte de armas de fuego en Colombia. A través de una publicación, informó que firmó el decreto mediante el cual se levanta la suspensión general de los permisos para portar armas, una medida que, según sostuvo, durante años terminó restringiendo principalmente a los ciudadanos que cumplen la ley.

El mandatario defendió la decisión señalando que mientras se mantenían restricciones para los ciudadanos autorizados, los grupos criminales continuaron aumentando su capacidad de fuego de manera ilegal.

Para sustentar su postura, reveló que entre el primero de enero y el 3 de septiembre de este año la Fuerza Pública ha incautado 15.700 armas de fuego. De ese total, 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.

Las cifras también incluyen armas presuntamente vinculadas con estructuras armadas ilegales. Según el presidente, 980 estarían relacionadas con disidencias, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.

El jefe de Estado destacó especialmente el poder de fuego incautado a las disidencias, al señalar que entre esas armas se encuentran 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros.

Sin embargo, el presidente aclaró que el levantamiento de la suspensión general no significa que cualquier ciudadano pueda portar un arma sin restricciones. Según explicó, continuarán vigentes los requisitos, controles y permisos expedidos por las autoridades competentes.

La medida, sostuvo, pone fin a una suspensión general que había convertido la prohibición en la regla y busca establecer un esquema en el que los ciudadanos que cumplan con la normativa puedan acceder a las garantías contempladas dentro de la ley.

“Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales”, afirmó el mandatario, al insistir en que la prioridad del Estado debe estar en perseguir el armamento utilizado por las organizaciones criminales.

La decisión abre nuevamente el debate nacional sobre el porte de armas, la seguridad ciudadana y los controles estatales para evitar que el levantamiento de la suspensión termine facilitando el acceso de armas a personas que representen un riesgo para la sociedad.